La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó una denuncia contra la jueza Karina Andrade por su decisión de liberar a los detenidos en los incidentes ocurridos frente al Congreso en la marcha de jubilados del pasado miércoles. Bullrich dijo que Andrade actuó con “complicidad” al dejar en libertad a personas con antecedentes penales sin siquiera revisar su historial judicial.
La denuncia presentada por Bullrich acusa a la jueza de prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento. Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que no permitirán que la Justicia actúe «a favor de los delincuentes» y que seguirán impulsando medidas para sancionar a los responsables de los disturbios.
La protesta, que tuvo lugar durante el tratamiento legislativo de medidas de ajuste, terminó con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. No obstante, la jueza Andrade sostuvo que la manifestación se enmarcaba en el derecho constitucional a la protesta y cuestionó el accionar policial, señalando que hubo irregularidades en las detenciones y en la identificación de los arrestados.
Desde el gobierno nacional, no solo Bullrich criticó la decisión de la magistrada, sino que también hubo pronunciamientos en la misma línea desde sectores cercanos a Javier Milei. En particular, se ha insistido en que la jueza violó la Ley de Reiterancia y actuó fuera de su jurisdicción al ordenar la liberación de los manifestantes.
En respuesta a las acusaciones, Andrade rechazó las críticas y defendió su decisión, argumentando que los jueces deben poder actuar sin presiones políticas. La magistrada también advirtió que este tipo de embates contra el Poder Judicial afectan la división de poderes y la independencia judicial.
Bullrich refuerza la política de mano dura en las protestas sociales
Este conflicto se da en un contexto de creciente tensión entre el gobierno de Milei y el Poder Judicial, con reiteradas críticas hacia jueces que adoptan fallos que no coinciden con la línea del Poder Ejecutivo. Bullrich ha sido una de las principales impulsoras de la política de tolerancia cero frente a la protesta social, lo que ha generado fuertes polémicas en distintos sectores políticos y judiciales.
