A partir del 1° de abril entra en vigencia la segunda etapa del Régimen de Transparencia Fiscal, una medida que obliga a todos los comercios del país a discriminar los impuestos nacionales en tickets, comprobantes y cartelería. La norma, impulsada por el Gobierno nacional a través de la Ley N.º 27.743, apunta a transparentar la carga tributaria y fomentar una mayor conciencia fiscal entre los consumidores.
Desde este mes, además de la facturación con detalle del IVA e impuestos internos, también será obligatorio incluir esa información en los flejes de góndola y en toda publicidad que incluya precios. La medida, que ya rige para grandes empresas desde enero, ahora se extiende a todos los contribuyentes, sin importar el tamaño del comercio.
Cambios visibles en tickets, góndolas y cartelería
Con la plena implementación del régimen, los consumidores comenzarán a notar modificaciones importantes en su experiencia de compra. Los tickets y facturas deberán incluir el desglose detallado de los impuestos que impactan sobre el precio final del producto. A esto se suma una leyenda específica que indique el cumplimiento del régimen, con la inscripción: “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27.743”.
Además, cada producto exhibido en góndolas deberá contar con información precisa sobre su precio sin impuestos y el monto de los tributos que se aplican. Esta obligación también alcanza a la cartelería y a toda pieza de comunicación comercial que incluya precios.
Desde el Ejecutivo sostienen que esta política busca empoderar al consumidor y hacer visible el peso real de la presión tributaria sobre el consumo, en línea con una agenda de transparencia fiscal y reducción del gasto improductivo.
Freno a los pedidos de prórroga y cumplimiento constitucional
Aunque sectores del comercio solicitaron una postergación de la entrada en vigencia de esta etapa del régimen, el Gobierno decidió sostener el calendario original. “El derecho a la información del consumidor está consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional”, recordaron desde el entorno oficial, en respuesta a los pedidos de aplazamiento.
Desde la ONG Lógica, impulsora de la iniciativa, Matías Olivera Vila fue contundente: “Las provincias están obligadas a adherirse. Esto no es como el RIGI, donde podían optar. Aquí es una obligación constitucional”. Según explicó, el artículo 42 establece que los consumidores deben recibir información adecuada y veraz, lo cual abarca la estructura de precios y la carga impositiva.
Provincias: sin adhesión formal, pero con compromisos
Una de las principales debilidades del régimen es que hasta el momento ninguna provincia ni municipio formalizó su adhesión, lo que impide que el desglose incluya tributos locales como Ingresos Brutos o tasas municipales. No obstante, algunas jurisdicciones, como Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Entre Ríos y Misiones, manifestaron su voluntad de avanzar en ese sentido, según confirmaron desde Lógica.
En otras provincias, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro y La Pampa, se presentaron proyectos legislativos de adhesión, aunque todos fueron impulsados por bloques opositores. Esta situación refleja una falta de iniciativa por parte de los oficialismos provinciales, que resisten transparentar la carga tributaria local.
Desde la ONG advierten que esta omisión afecta el derecho de los ciudadanos a conocer con precisión cuánto del precio que pagan está compuesto por impuestos locales, que en muchos casos duplican o triplican los nacionales.
Implementación escalonada y alcance nacional
La Resolución General 5614/2024 estableció una implementación gradual del Régimen de Transparencia Fiscal. Desde el 1° de enero, las grandes empresas —como cadenas de supermercados, retail y prestadores de servicios masivos— comenzaron a aplicar la medida en sus tickets y sistemas de facturación.
Ahora, con la entrada en vigencia de la segunda etapa, la obligación se extiende a todos los comercios del país. La medida rige sin excepciones: tanto para monotributistas como responsables inscriptos, sin importar el volumen de facturación o el rubro.
El objetivo central del Gobierno es crear una nueva cultura fiscal, en la que el ciudadano pueda identificar cuánto paga por impuestos cada vez que realiza una compra. A mediano plazo, se espera que este mecanismo contribuya a la exigencia de una política tributaria más equitativa y eficiente.
