En una economía que arrastra problemas crónicos de financiamiento y escasez de reservas, el dato actualizado por el INDEC en diciembre de 2024 vuelve a encender una señal de alerta: los argentinos mantienen fuera del sistema financiero un volumen de dólares líquidos que no solo supera la deuda con el FMI, sino que duplica la deuda externa total del Estado nacional.
Los activos externos líquidos no declarados por los argentinos—incluidos billetes en efectivo, cajas de seguridad y depósitos informales—alcanzaron los USD 246.029 millones, una cifra que triplica el total de inversión productiva nacional y supera en más de 60% todos los activos externos del sector privado, estimados en USD 399.996 millones.
En términos comparativos, ese monto representa más del 166% de la deuda externa pública bruta, y equivale a más de cuatro veces el pasivo con el FMI (USD 40.588 millones). También supera en tres veces y media la deuda del Tesoro con Letras y en doce veces las Letras Intransferibles en poder del Banco Central.
Una economía fragmentada: abundancia privada y escasez estatal
La paradoja es evidente: mientras el sector público enfrenta restricciones externas, vencimientos de deuda y dificultad para acceder a financiamiento, una enorme masa de divisas permanece fuera del circuito productivo. Es el síntoma más visible de un modelo financiero disfuncional que canaliza el ahorro hacia la fuga o la inmovilización.
En 2024, la inversión bruta fija en bienes de capital fue de apenas USD 30.400 millones, lo que refleja una utilización mínima del ahorro privado para potenciar la economía. El ahorro no se transforma en crédito, ni en infraestructura, ni en herramientas productivas. Se guarda, se congela, se teme.
Los blanqueos, una respuesta insuficiente
Desde 2007, la Argentina implementó seis programas de blanqueo fiscal. Solo dos lograron reducir sensiblemente el volumen de dólares fuera del sistema: el primero año de Mauricio Macri (-USD 1.671 millones) y el primer año de Javier Milei (-USD 11.274 millones). El resto fracasó en atraer esos fondos. La falta de confianza en la seguridad jurídica, la inestabilidad macroeconómica y la volatilidad del tipo de cambio son parte del diagnóstico que explica la resistencia a reinsertar ese capital en el sistema local.
De acuerdo con un informe del Instituto de Economía de la UADE, la Argentina encabeza el ranking regional de fuga de capitales, resultado directo de políticas pendulares y de un sistema que penaliza el ahorro formal y premia la desconfianza. Esta dinámica no solo impacta en el presente, sino que limita las posibilidades de crecimiento sostenido a largo plazo.
El panorama financiero se asemeja a una balanza inclinada: el sector privado acumula riqueza mientras el Estado arrastra deudas crecientes. Esta desconexión entre el ahorro y la inversión genera efectos colaterales: cepo cambiario, brecha entre el dólar oficial y financiero, y trabas al comercio.
En paralelo, la falta de un mercado de capitales profundo y confiable impide que ese ahorro financie proyectos productivos. El resultado es un país en el que los dólares existen, pero no circulan.
La estrategia del Gobierno: libre competencia monetaria y seguridad jurídica
En este contexto, el Gobierno de Milei apuesta a una salida estructural: desregulación financiera, fin del cepo, estabilidad cambiaria y un marco de competencia de monedas. La expectativa oficial es que ese nuevo entorno incentive a los privados a repatriar parte del capital hoy ocioso, canalizándolo hacia inversiones, crédito e infraestructura.
Pero incluso con un cambio de reglas, los analistas advierten que la confianza no se construye de un día para otro. Se necesitan señales políticas claras, consolidación fiscal, previsibilidad y una estructura jurídica creíble.
Una paradoja estructural difícil de romper
Mientras el Estado sigue dependiendo del endeudamiento, el sector privado acumula una masa de divisas equivalente al total de la deuda pública. Una paradoja que expone las falencias históricas de la Argentina para alinear incentivos entre ahorro e inversión.
El desafío ya no es solo económico: es institucional. Hasta que no exista un sistema donde el ahorro encuentre destino productivo dentro del país, la economía seguirá repitiendo el mismo ciclo de fuga, endeudamiento y estancamiento.
