Con el respaldo formal del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya confirmado, el Gobierno de Javier Milei enfrenta ahora una hoja de ruta concreta con plazos establecidos para avanzar en las reformas estructurales acordadas. La publicación del staff report durante la madrugada del sábado reveló las metas y tiempos que deberá cumplir la Argentina para sostener el nuevo programa de facilidades extendidas por USD 20.000 millones.
Aunque el informe contiene menos detalle técnico que en ocasiones anteriores, establece claramente los hitos fiscales, regulatorios y estructurales que el Gobierno nacional debe implementar entre septiembre de 2025 y diciembre de 2026. El objetivo: consolidar un sendero de equilibrio macroeconómico duradero, sin regresiones populistas ni improvisaciones fiscales.
Septiembre de 2025: presupuesto, fondos fiduciarios y marco fiscal
Uno de los primeros compromisos con fecha precisa es la presentación en septiembre de 2025 del proyecto de ley del Presupuesto 2026. Además, el Gobierno deberá publicar un nuevo marco fiscal de mediano plazo, junto con un informe de riesgos fiscales.
En la misma fecha, deberá publicarse un plan detallado para eliminar los fondos fiduciarios que aún persisten en el Estado, con foco en su transparencia y eficiencia, una de las mayores cajas negras heredadas de gestiones anteriores.
Noviembre de 2025: privatizaciones y lavado de dinero
En noviembre, se deberá presentar una hoja de ruta con los mecanismos y directrices para llevar adelante las privatizaciones y concesiones de empresas públicas previstas en la Ley Bases. El proceso deberá garantizar transparencia, competencia y resultados medibles, según el informe.
Además, se deberán difundir los resultados de la evaluación del GAFI sobre el cumplimiento argentino en la lucha contra el lavado de dinero, junto con las recomendaciones que surjan del diagnóstico.
También está prevista la implementación de la resolución 21/2025, que apunta a desregular el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), parte del proceso de liberalización energética impulsado por el oficialismo.
Diciembre de 2025: reforma tributaria y tarifa única
Para fin de 2025, el Gobierno deberá presentar al staff del FMI una propuesta integral de reforma tributaria. Esta debe ser «neutral en ingresos», es decir, no debe aumentar la presión fiscal, pero sí mejorar la eficiencia del sistema.
Entre los objetivos centrales figuran la eliminación gradual de impuestos distorsivos como el impuesto al cheque y otros gravámenes a transacciones financieras o al comercio, la racionalización de deducciones y exenciones del impuesto a las sociedades, la reducción de gastos tributarios ineficientes, y la simplificación del sistema para garantizar mayor equidad y cumplimiento.
Además, se deberá avanzar en la eliminación total de los fondos fiduciarios, salvo el destinado al subsidio al gas residencial, y unificar las tarifas energéticas, reemplazando el sistema segmentado por una tarifa única complementada con tarifa social.
También se exigirá ampliar la cobertura del sistema financiero integrado a todos los organismos públicos y, además, integrar las bases de datos sociales en un único registro.
Diciembre de 2026: reforma previsional y regla de déficit cero
En el último tramo del programa, el Ejecutivo deberá presentar un diagnóstico integral del sistema previsional junto con distintas opciones para su reforma estructural. El eje será garantizar su sostenibilidad financiera y mejorar la equidad entre regímenes.
Junto con eso, el Gobierno presentará un proyecto para reformar la Ley de Responsabilidad Fiscal, incorporando de manera legal la regla de déficit cero, una bandera central de la administración Milei desde el inicio de su mandato.
