El Gobierno nacional puso en marcha una ambiciosa hoja de ruta económica tras el acuerdo con el FMI. Con el nombre informal de “Tormenta de dólares”, el plan busca intervenir en el mercado cambiario recién cuando el dólar toque el piso de $1.000, tal como adelantó el presidente Javier Milei. Además, el Ejecutivo presiona al sector agroexportador para que liquide su cosecha antes de un eventual aumento de retenciones en junio.
La estrategia tiene varios objetivos. El primero: cumplir con la meta de acumulación de reservas pactada con el Fondo, que exige sumar USD 5.000 millones hacia mitad de año. El segundo, frenar la inflación que en marzo marcó 3,7% y que, según analistas privados, podría subir a más de 4% en abril.
Señales al campo y a los mercados
Desde el arranque de la semana, Milei dejó en claro que no habrá intervención del Banco Central hasta que el tipo de cambio mayorista no toque el mínimo de la banda de flotación. Al mismo tiempo, advirtió a los exportadores que si no liquidan ahora, enfrentarán un esquema más gravoso dentro de dos meses. La señal fue potente: todas las cotizaciones del dólar retrocedieron durante los primeros días del nuevo régimen.
El anclaje cambiario es clave para mantener bajo control las expectativas inflacionarias. Según estimaciones del equipo económico, mayo sería un mes de baja inflación estacional, lo que abriría una ventana para consolidar el sendero descendente en el IPC.
Fuerte ingreso de divisas y liquidación del campo
En apenas 48 horas, el Banco Central recibió USD 13.500 millones: USD 12.000 millones del FMI y USD 1.500 millones del Banco Mundial. Ese colchón permitió marcar un techo firme en $1.400 y disipar presiones especulativas. El siguiente paso es la liquidación de la cosecha gruesa, que podría aportar una masa crítica de divisas entre fines de abril y mayo.
Aunque existen dudas sobre si el agro podrá aportar los USD 25.000 millones proyectados, por la baja en los precios internacionales y un tipo de cambio menos competitivo, el ingreso será significativo. En ese escenario, los analistas creen que el dólar podría seguir bajando en el corto plazo.
Capitales financieros y carry trade
Otro componente clave del plan es la apertura parcial del cepo para inversores extranjeros. El Gobierno habilitó la entrada de fondos que deseen comprar activos en pesos con la condición de mantener la inversión durante al menos seis meses. La medida apunta a atraer capitales especulativos que podrían potenciar la apreciación del peso.
JP Morgan ya recomendó apostar por bonos en pesos, una señal que remite a la etapa del “carry trade” durante el gobierno de Mauricio Macri. El economista Fernando Marull recordó que en 2018 los extranjeros tenían USD 27.000 millones invertidos en el país, mientras que hoy ese número es cero.
Riesgos del dólar barato
El ministro Luis Caputo insiste en que esta vez será distinto gracias al ajuste fiscal, que eliminó la emisión monetaria para financiar al Tesoro. Sin embargo, los antecedentes juegan en contra. La convertibilidad en los 90 y el intento de apreciación durante la gestión de Macri terminaron en crisis cambiarias.
Ya se perciben los primeros efectos. Las importaciones crecieron 38% en marzo, mientras que las exportaciones cayeron 2,5%. El superávit comercial, aunque aún positivo, será menor este año. La brecha será contenida gracias al superávit energético, que ya ronda los USD 6.000 millones.
Turismo e impacto externo
Otra variable en observación es la cuenta turística. El dólar barato provocó un salto de 73% en los viajes de argentinos al exterior este verano y una caída en la llegada de turistas extranjeros. Con una divisa aún más apreciada, ese fenómeno podría acentuarse.
Se estima que la cuenta corriente de la balanza de pagos cerrará 2025 con un resultado negativo, aunque manejable. La clave será compensar esa salida de divisas con el ingreso de capitales financieros y, en el mediano plazo, con inversiones reales en sectores estratégicos como energía o minería.
Acceso a mercados y próximos pasos
La Fase 3 del programa económico arrancó con la salida del cepo para el público y un régimen de flotación administrada. El FMI exige que en el plazo de un año el país recupere el acceso a los mercados voluntarios. Para lograrlo, el Gobierno deberá cumplir con nuevas metas fiscales, consolidar la baja inflacionaria y evitar un nuevo default.
El nuevo esquema también servirá como prueba política para la administración libertaria. Las elecciones legislativas de octubre serán el primer gran test para validar o rechazar el rumbo económico. Mientras tanto, el “dólar a $1.000” se convirtió en una meta simbólica que sintetiza el espíritu del nuevo plan.
