El expediente por la causa Vialidad contra Cristina Kirchner está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y aunque los jueces del máximo tribunal no tienen plazos legales para resolver, el calendario político se impone como un factor de presión. Tres fechas son clave: el 19 de julio cierra la presentación de listas en la provincia de Buenos Aires, el 17 de agosto lo hace para cargos nacionales, y el 10 de diciembre se produce la asunción de los nuevos legisladores.
Sin Ficha Limpia vigente, la decisión de la Corte adquiere un peso singular. Si el fallo se da antes del cierre de listas y es desfavorable a CFK, podría impedirle competir en las elecciones. Pero si el veredicto llega después del 10 de diciembre, cuando la expresidente ya haya asumido una banca, el escenario cambia drásticamente: la Justicia necesitaría que el Congreso vote para quitarle los fueros.
La posibilidad de una candidatura todavía no fue confirmada públicamente, pero en el entorno de Kirchner ya hablan del regreso como una alternativa muy probable. Incluso, fue ella misma quien deslizó en una reunión partidaria que podía postularse por la provincia si el proyecto de Ficha Limpia prosperaba, algo que finalmente fue rechazado por el Senado.
Una condena firme cambia el juego electoral
Si la Corte confirma la condena por administración fraudulenta, CFK quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos. La sentencia implicaría además seis años de prisión, aunque el cumplimiento efectivo se resolvería más adelante —ya sea cárcel o prisión domiciliaria—. Pero lo que está en juego en lo inmediato es su elegibilidad.
Además, la Corte debe evaluar el dictamen del procurador Eduardo Casal, que pidió agravar la pena y condenarla también por asociación ilícita. En ese caso, la pena sería más dura: 12 años de prisión. Pero aceptar ese planteo abriría una nueva etapa judicial, ya que podría devolver el expediente a Casación para dictar una nueva sentencia por ese delito.
En ese escenario, Cristina y su defensa podrían plantear que la condena aún no está firme, con lo cual buscarían evitar la ejecución inmediata de la inhabilitación. Una maniobra que, al menos, ganaría tiempo hasta después de las elecciones.
El tiempo como herramienta política
El peso del fallo no será el mismo si Cristina ya es candidata, si ya fue electa o si aún permanece fuera de carrera. El calendario electoral condiciona la lectura del sistema político sobre lo que decida la Corte. Y eso es algo que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti saben perfectamente.
Una eventual sentencia antes del cierre de listas dejaría a Cristina Kirchner fuera de competencia de inmediato. Pero si se posterga hasta después de que jure como legisladora, la Justicia necesitaría un proceso político más complejo: la remoción de fueros. El antecedente es claro: el Congreso puede, o no, autorizar ese procedimiento.
Hay un factor más que agrega tensión: la Corte puede fallar de manera parcial. Es decir, convalidar la condena por administración fraudulenta, pero aceptar revisar el resto. En ese caso, la pena de inhabilitación quedaría firme, pero Cristina podría intentar trabar su ejecución con argumentos legales.
Una decisión sin margen neutral
Todo indica que, más allá del contenido, la Corte no podrá evitar que su fallo tenga una lectura política. Si resuelve ahora, incide en el proceso electoral. Si espera, permite que Kirchner llegue a las urnas y tal vez al Congreso. La neutralidad, en términos prácticos, ya no es una opción.
El entorno judicial lo reconoce: sin Ficha Limpia, el único límite real a la candidatura de CFK es un fallo firme antes del 10 de diciembre. En ese escenario, la Corte no solo decidirá sobre una causa judicial, sino también sobre las condiciones de competencia política en una elección clave.
Y por eso, lo que decida importa tanto como cuándo lo decida.
