El Gobierno nacional oficializó un nuevo procedimiento para redefinir la segmentación de subsidios a la luz y el gas con el objetivo de mejorar la precisión en la asignación de beneficios estatales. A través de la Resolución 218/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se estableció un mecanismo que permitirá a los usuarios consultar en qué categoría fueron ubicados y solicitar una revisión si consideran que su situación no fue correctamente evaluada.
La medida instruye a la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético a desarrollar una herramienta digital que estará disponible para que los ciudadanos puedan conocer en tiempo real su nivel de segmentación. «Será posible acceder a esta información desde cualquier lugar y en cualquier momento», sostiene la resolución.
Además, quienes deseen modificar su categoría podrán iniciar el trámite a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Para aquellos que no cuenten con acceso digital o requieran ayuda, «seguirán funcionando los canales presenciales en las oficinas de ANSES», se informó oficialmente.
Este nuevo paso se enmarca dentro de la emergencia del Sector Energético Nacional, vigente hasta el 9 de julio, y de la emergencia pública, tarifaria y social, prorrogada hasta el 31 de diciembre. Según el Gobierno, estas condiciones «facultan a la Secretaría a reestructurar los subsidios energéticos y establecer nuevos criterios para su asignación», siempre garantizando el acceso al consumo esencial.
Uno de los aspectos clave de la resolución es la implementación de criterios para evaluar las solicitudes de revisión en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). «Se busca mejorar la focalización y reducir los errores de inclusión», subrayaron desde la Secretaría de Energía.
El texto destaca que “se ha constatado que existen usuarios categorizados como de Bajos Ingresos (Nivel 2) cuyos medidores están asociados a propiedades ubicadas en zonas de alto poder adquisitivo, como clubes de campo con elevadas expensas”. Por esa razón, la Subsecretaría queda habilitada a utilizar “indicadores de exteriorización patrimonial” para revisar la veracidad de los datos aportados.
También se profundizarán los cruces de información con registros nacionales y provinciales, como ANSES y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), para detectar inconsistencias. “Si se comprueba que la información fue falsa o que el beneficio se obtuvo de manera fraudulenta, se podrá excluir al usuario, refacturar las bonificaciones y aplicar intereses y sanciones correspondientes”, advierte la resolución.
