El campo argentino reaccionó con fuerza ante el decreto 439/2025, que restablece las retenciones a la soja en 33% y al maíz en 12% a partir del 1 de julio, y encendió el reclamo de las entidades rurales por una promesa incumplida por parte del presidente argentino, Javier Milei.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Ignacio Kovarsky, de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), fue contundente: «Son y serán un robo con cualquier gobierno. El presidente dijo que al asumir las iba a sacar. No sólo no lo hizo, sino que después las bajó parcialmente y ahora posterga esa baja. Ya salió un decreto que dice que hasta marzo de 2026 no se bajan para el trigo y la cebada. Pareciera que siempre hay que esperar un par de años. Y mientras tanto, el productor sigue sin margen. Tenemos paciencia, pero el bolsillo ya no aguanta más».
Para el titular de Carbap, este tributo sigue siendo un freno al desarrollo agrario: «Es un impuesto que le puso un techo al desarrollo del país. No hemos logrado hacer entender eso a ningún gobierno. Ni siquiera este, que venía a hacer las cosas distintas».
Advertencia a Milei desde la Sociedad Rural
Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), admitió que «tal vez no estén dadas las condiciones para eliminar las retenciones por completo» y remarcó la necesidad de prudencia: «Tenemos que tener templanza y recordar de dónde venimos, dónde estamos hoy y el panorama hacia adelante. Sabemos que habrá una baja en las liquidaciones en los próximos meses».
En otro tramo de sus declaraciones, Pino contradijo una afirmación presidencial sobre la liquidación de granos y aclaró: «No es correcto afirmar que los productores estemos vendiendo menos. Los números marcan lo contrario. El campo no va a liquidar porque liquidan los exportadores».
El entorno oficial respondió a las críticas. El jefe de Gabinete Guillermo Francos recordó que el déficit debe controlarse y que algunos impuestos «no fueron creados por nosotros», aunque dijo entender el malestar de los gobernadores provinciales con base agropecuaria.
Mientras tanto, el campo aceleró ventas antes del ajuste, registrando una fuerte liquidación de granos que implicó ingresos estimados entre US$?6.000 y US$?7.400 millones en las últimas semanas (cálculo sectorial).
El desencanto del agro con Milei apunta a la brecha entre discurso y medida: los productores reclaman retenciones cero y responsabilizan al Ejecutivo por el freno a su competitividad, mientras la Casa Rosada alude a las limitaciones fiscales. La tensión entre ambos actores marca un nuevo capítulo en la relación histórica entre el Estado y el campo.
