El Gobierno nacional, a través del organismo ARCA, decidió apelar una controvertida resolución judicial que beneficiaba al empresario Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. La denuncia original acusa a la compañía de haber blanqueado más de $33.600 millones mediante maniobras fraudulentas con 23 distribuidoras.
El caso está a cargo de la jueza María Servini y del fiscal Eduardo Taiano. Fue este último quien sorprendió al desestimar la denuncia del organismo estatal en tiempo récord, alegando falta de pruebas suficientes. Sin embargo, ARCA advirtió que se habían presentado elementos concretos, basados en fiscalizaciones de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, y apuntó contra la omisión de notificar a la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano clave en este tipo de causas.
ARCA apuntó al fiscal y exigió que se notifique a la UIF
En el escrito presentado este jueves, la abogada del organismo, Felicitas Achabal, cuestionó la actuación del fiscal Taiano y señaló que nunca se le dio intervención a la UIF, pese a haberse solicitado de forma explícita. «Tal petición no se ha cumplimentado, y a la fecha la UIF no resultaría parte en las presentes actuaciones ni tan siquiera fue notificada de lo actuado», afirmó.
Según ARCA, las pruebas presentadas en la denuncia evidencian un mecanismo sostenido entre 2021 y 2023, mediante el cual Tabacalera Sarandí habría simulado operaciones con empresas sin capacidad operativa real para introducir dinero informal en el circuito legal. Entre las firmas involucradas figuran Ever Friends Distribuciones, Tabaco Distribuciones SRL, Distribuidora Veintidós, Tobaco Minico SA y Laumart SRL, entre otras.
El informe oficial identificó “usinas de facturas truchas”
El informe de la División de Fiscalización Externa reveló que las compañías vinculadas no contaban con personal, estructura edilicia ni actividad económica concreta. A pesar de ello, manejaban volúmenes millonarios de mercadería y dinero. Para el organismo, estas distribuidoras actuaban como «usinas de facturas truchas», facilitando una operatoria de blanqueo que terminó beneficiando a Otero.
El texto de apelación sostiene que «ha quedado más que evidenciado la inserción de dinero en efectivo, cuya trazabilidad se desconoce y que fue ingresado a la cuenta recaudadora de Tabacalera Sarandí». Además, remarcan que no existieron elementos que pudieran justificar el volumen de operaciones de las empresas implicadas.
Otero se desligó de la conducción y planea radicarse en Uruguay
Frente a la presión judicial y mediática, Otero ha intentado desvincularse de la empresa. Anunció que dejará la conducción de Tabacalera Sarandí en manos de Claudia Romero Roura y, en una entrevista con El País de España, aseguró que planea instalarse en Uruguay para desarrollar negocios inmobiliarios y financieros.
A pesar de su intento por salir del foco, el empresario sigue investigado por maniobras de evasión impositiva, lavado de activos y uso de facturación falsa. El recurso de apelación presentado por ARCA reabre una causa que podría escalar en las próximas semanas si la UIF se suma a la investigación.
