Un pedido formal ante la Oficina Anticorrupción encendió una nueva polémica en el entorno presidencial. El legislador porteño Hernán Reyes solicitó que Santiago Caputo, principal asesor de Javier Milei, sea reconocido como funcionario de alto rango y, en consecuencia, quede obligado a presentar declaraciones juradas y respetar las normas de ética pública.
Caputo, en el centro de las decisiones del gobierno
Según el planteo, Caputo no ocupa un cargo formal, pero actúa como si lo tuviera. Participa de reuniones estratégicas, interviene en decisiones clave, coordina con organismos del Estado y mantiene contacto directo con actores nacionales e internacionales, incluido el FMI. A pesar de esta presencia, no está sometido a los mismos controles que otros funcionarios jerárquicos.
La presentación remarca que el propio Javier Milei lo definió como “el arquitecto del gobierno” y lo ubicó dentro del llamado “triángulo de hierro” junto a Karina Milei y Nicolás Posse. Para Reyes, se trata de una maniobra para evadir los controles institucionales mediante su contratación por fuera del organigrama oficial.
Piden que Caputo cumpla con las obligaciones legales
El escrito reclama que Caputo presente su declaración jurada patrimonial, detalle sus intereses personales y se registre en el sistema de audiencias oficiales. También exige que se abstenga de intervenir en asuntos donde pueda haber conflictos de interés, y que sus decisiones sean fiscalizadas por los organismos de control.
En el documento se hace referencia a la Ley 25.188 de Ética Pública, que impone estos requisitos a quienes ocupan cargos relevantes en el Estado, aunque no cuenten con una designación formal. Según el legislador, la realidad del ejercicio del poder debe primar sobre las formas.
Sospechas sobre vínculos empresariales
Reyes también planteó dudas sobre los vínculos de Santiago Caputo con empresas privadas, entre ellas firmas agropecuarias conectadas con su familia. Además, se mencionó su cercanía con exsocios de la consultora Move, que aún tendrían operaciones en el ámbito público y privado.
Para el legislador, estas relaciones podrían derivar en situaciones de incompatibilidad o privilegios indebidos, especialmente si no se transparentan. Por eso, sostiene que mantenerlo por fuera del régimen de control es “una violación a los principios del sistema republicano”.
El rol de Caputo, bajo la lupa
La presentación recuerda que, según el derecho administrativo argentino, lo que importa no es el título formal sino las funciones reales. Y si Caputo está ejerciendo responsabilidades ejecutivas, entonces debe rendir cuentas como cualquier funcionario de alto nivel.
“La transparencia no puede ser opcional para quienes concentran poder real en el gobierno”, concluye el documento. La Oficina Anticorrupción ahora deberá evaluar si hace lugar al pedido y obliga al asesor presidencial a someterse al régimen de ética pública.
