La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) difundió un comunicado oficial para respaldar el DNU 941/2025 impulsado por el presidente Javier Milei, luego de las críticas de sectores opositores que cuestionaron la reforma del sistema de inteligencia nacional y advirtieron sobre supuestos riesgos institucionales.
Desde el organismo remarcaron que la medida se inscribe en un “proceso histórico de reformas” que busca dejar atrás décadas de uso discrecional, opaco y politizado de la inteligencia, y afirmaron que el nuevo esquema está alineado con los “más altos estándares democráticos y republicanos”.
Una reforma para acotar funciones y eliminar abusos
En el comunicado, la SIDE explicó que el objetivo central del DNU es acotar, definir y clarificar las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional. Adecuándolo a los desafíos del siglo XXI y eliminando funciones que le habían sido asignadas sin sustento institucional. Como ser tareas de seguridad interna que corresponden al Ministerio de Seguridad.
Además, se precisó que la reforma redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que queda circunscripta exclusivamente a tareas de contrainteligencia. Eliminando así superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que durante años contribuyeron al desorden y la falta de control.
Transparencia, control y fin del espionaje interno
Otro de los ejes destacados fue la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, cuyas funciones pasan al Estado Mayor Conjunto, consolidando —según la SIDE— un esquema más eficiente, integrado y coherente en materia de inteligencia de defensa.
El organismo subrayó que la contrainteligencia queda definida de forma clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado frente a acciones de espionaje o injerencia extranjera. Y remarcó que el nuevo sistema pone fin a prácticas del pasado como el espionaje doméstico. También la persecución política o el control indebido sobre periodistas y ciudadanos.
Finalmente, la SIDE afirmó que la reforma establece un nuevo esquema de intercambio de información basado en la trazabilidad. También en el registro obligatorio de cada requerimiento y el fortalecimiento de los controles legales, técnicos y presupuestarios. Y sostuvo que se trata de una decisión estructural que consolida un Estado limitado, profesional y al servicio de la República y la libertad.
