(BUENOS AIRES).- Raúl Jalil deberá afrontar una denuncia penal por las condiciones que su administración aceptó para cerrar el conflicto con MEGA SRL, responsable del gasoducto Lavalle-Catamarca que quedó inconcluso. Según informó La Política Online, Sofía Nahir Rivera Ortega presentó el planteo ante la Justicia federal en Buenos Aires. Cuestiona la renuncia provincial a una multa de $1.963 millones y reclama investigar el manejo de los recursos nacionales destinados al proyecto.
El pedido de investigación incluye al gobernador, al fiscal de Estado Nicolás Rosales Matienzo, al exministro de Agua, Energía y Medio Ambiente Alberto Kozicki y al exfiscal de Estado Marcos Rodolfo José Denett. La denunciante solicita examinar sus respectivas intervenciones y plantea posibles delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad, malversación y negociaciones incompatibles. También requiere documentación y pericias para determinar si las decisiones produjeron un daño económico.
El contrato con MEGA se celebró en agosto de 2022 por un monto original de $4.560 millones, con financiamiento nacional. En julio de 2023, la empresa recibió un anticipo de $454 millones respaldado por un seguro de caución. Los incumplimientos derivaron en una sanción económica y, en abril de 2024, en la rescisión del vínculo. La constructora recurrió a los tribunales para discutir esa decisión, mientras el gasoducto permanecía sin terminar.
La salida acordada en 2026 es el principal objeto del cuestionamiento. MEGA aceptó abandonar sus acciones judiciales y abonar $301 millones; la Provincia, a su vez, desistió de sus reclamos, incluida la multa, y se comprometió a liberar las garantías. La presentación sostiene que falta una justificación económica suficiente para ese intercambio y pide esclarecer el cálculo que llevó a establecer la suma que debía devolver la contratista.
La denunciante también reclama considerar la pérdida de valor del dinero desde 2023. Según las estimaciones incluidas en el escrito, el anticipo equivaldría a unos $3.079 millones en agosto de 2026 y la sanción superaría los $6.821 millones. Son cálculos de la acusación que deberán ser examinados mediante pericias. Su planteo es que comparar los importes nominales de distintos años impide apreciar la verdadera dimensión de las concesiones.
El origen del financiamiento explica la elección del fuero federal. La presentación sostiene que las transferencias nacionales tenían un destino específico y estaban sujetas a rendición y devolución si no se utilizaban. Por eso cuestiona que la Provincia pudiera disponer de esos recursos al negociar con la empresa. También señala que ni la Fiscalía de Estado ni la Asesoría General de Gobierno habrían realizado la evaluación económica necesaria para respaldar el convenio.
El escrito solicita resguardar la documentación, seguir el recorrido del dinero y revisar mediante una pericia los valores involucrados. A la denuncia provincial presentada por cuatro diputados el 9 de septiembre se suma así una acción enfocada en el posible perjuicio al Estado nacional. La discusión compromete dos obligaciones del Gobierno: explicar por qué renunció a sus reclamos contra una empresa incumplidora y resolver qué ocurrirá con una infraestructura que sigue pendiente.
