La decisión del Gobierno de devolver a las provincias la responsabilidad de tomar el examen de ingreso a las residencias en salud, tras el escándalo por presuntas irregularidades en la evaluación nacional de este año, encendió alertas entre referentes del sistema. La médica Isabel Duré, creadora del Examen Único y exdirectora nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional, advirtió que el cambio supone riesgos como la fragmentación del proceso, la pérdida de información estratégica y la desigualdad en el acceso a la formación.
Duré recordó que la herramienta comenzó a gestarse en 2010 a pedido de las provincias patagónicas, que buscaban atraer profesionales y simplificar un esquema en el que cada jurisdicción tomaba su propio examen, con fechas y requisitos descoordinados. La implementación en 2011 permitió a los postulantes rendir cerca de su domicilio, con inscripción y evaluación unificadas, reduciendo traslados costosos y mejorando la equidad de acceso.
Con el tiempo, se sumaron más provincias, universidades y entidades privadas, convirtiendo al examen en una referencia regional. Para la última edición, realizada el 1° de julio en 28 sedes, se habían inscripto más de 13.000 aspirantes. Y de los cuales 9.000 finalmente se presentaron.
Fuente de datos única y beneficios federales
El Examen Único se transformó en la primera fuente nacional de información sobre cuántos profesionales querían ingresar a residencias, en qué especialidades y con qué distribución geográfica. Esto permitió ajustar la oferta de vacantes, detectar tendencias de interés y seguir la migración de postulantes extranjeros.
Además, cada provincia mantenía potestad sobre su programa, entrevistas y puntajes adicionales para candidatos locales, respetando las prioridades sanitarias de cada distrito.
Irregularidades y desafíos de gestión
El escándalo estalló cuando se viralizó un video grabado por un postulante extranjero durante la prueba, confirmando irregularidades graves. Para Duré, el problema no está en la herramienta, sino en la gestión. Sugiere reforzar controles, implementar bloqueo de señales y revisar la metodología, sin abandonar un dispositivo que aporta múltiples beneficios.
Subrayó que en su gestión se corregían incidentes anualmente y se ajustaba el examen en un marco federal. “Se puede arreglar, no hay que eliminarlo”, afirmó.
Consecuencias de volver al sistema anterior
Con la atomización de exámenes por provincia, se perderá la comparabilidad de datos. Además de la capacidad de planificar el recurso humano en salud a nivel nacional. También podrían ampliarse las brechas de acceso, obligando a muchos profesionales a viajar y costear múltiples pruebas. Y fomentando que algunos opten por formarse en el exterior.
Para Duré, mantener el esquema unificado es clave incluso para avanzar en un futuro hacia la obligatoriedad de la residencia para ejercer una especialidad, como ocurre en otros países.
