En la etapa decisiva del juicio por el atentado contra Cristina Kirchner, la defensa de Brenda Uliarte reclamó una pena mínima y cuestionó duramente tanto a la fiscalía como a la querella. Los abogados Gabriel Lanaro Ojeda y Eduardo Chitarro solicitaron que, en caso de ser declarada partícipe necesaria, la pena no supere los 10 años de prisión, o bien que se reduzca a 5 años si se la considera partícipe secundaria.
En un alegato de siete horas ante el Tribunal Oral Federal N° 6, plantearon que el hecho debe calificarse como «tentativa inidónea«, es decir, cuando los medios empleados hacen imposible la consumación del delito, y que el único agravante aplicable es el impacto político y social del ataque a una vicepresidenta.
La estrategia de los defensores buscó diferenciar el rol de Uliarte respecto de Fernando Sabag Montiel, considerado el autor material. «Sabag Montiel tiene un rol central y merece una pena mayor, no sería equitativo darle la misma pena a ambos«, enfatizó Lanaro Ojeda. En sintonía, Chitarro criticó la decisión de la fiscal Gabriela Baigún de imputar un intento de femicidio: «La perspectiva de género brilla por su ausencia, ni siquiera la tuvieron en cuenta a la hora de su pedido de pena«. Según la defensa, la imputada era una joven «absolutamente sometida, fascinada por un violento y limitada estructuralmente», lo que debería incidir en la sentencia.
La semana pasada, la querella que representa a Cristina Kirchner pidió 15 años de cárcel tanto para Brenda Uliarte como para Sabag Montiel, mientras que para Nicolás Carrizo solicitaron la absolución. La fiscalía, en cambio, reclamó 19 años de prisión para Sabag Montiel y 14 años para Uliarte, a quien consideró partícipe necesaria. La defensa de Carrizo coincidió con el pedido de absolución.
Atentado contra Cristina Kirchner: el pedido de Sabag Montiel
En paralelo, la letrada Fernanda López Puleio, defensora de Sabag Montiel, sorprendió al reclamar la inimputabilidad de su cliente. Alegó que presenta un trastorno de salud mental que impide atribuirle culpabilidad y criticó que ni la fiscalía ni la querella se detuvieran en su «estructura de pensamiento». Citó la primera pericia psicológica: «En ella figuran asociación de ideas anormal, discurso confuso, poco inteligible e ideas de tipo delirante«, contrastando con diagnósticos posteriores más benignos.
