La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires recibió un nuevo proyecto de ley que busca obligar a las petroleras y estaciones de servicio a informar de los aumentos de precio con al menos 72 horas de anticipación. Sin embargo, esta iniciativa recibió un rechazo categórico por parte de las propias estaciones de servicio y las expendedoras de combustible, considerando «imposible» informar estos cambios sin confundir al personal y a los clientes por igual.
El proyecto fue presentado por la diputada de Unión por la Patria Ayelén Rasquetti en la Comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense. El escrito prevé duras sanciones contra las petroleras y estaciones de servicio que no respeten los plazos: 72 horas para las expendedoras de combustible, y 48 para las estaciones de servicio. Entre las sanciones se encuentran multas, suspensiones y clausuras, entre otras. En el caso de las multas, estas equivaldrían al valor de entre 5.000 y 10.000 litros de nafta super para el caso de las petroleras; y entre 100 y 500 para las estaciones.
Desabastecimiento y contradicciones entre leyes: los argumentos de los empresarios
Por su parte, la Federación de Empresarios de Combustible de la República Argentina (FECRA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) enviaron cartas a la Legislatura para expresar su preocupación por el proyecto. Según FECRA, que representa a cerca de 500 pymes operadoras de estaciones de servicio, el proyecto ignora factores clave de la operativa diaria de estos puestos.
En su presentación, la entidad advierte por el «riesgo de desabastecimiento al considerar que un aumento anunciado provocaría que los operadores y consumidores adelantes compras y llenen tanques, generando picos de demanda que derivarían en un desabastecimiento», citando el año 2023 y la falta de combustible de ese año. Asimismo, recordaron que las empresas «no son formadoras de precios».
En la misma línea, subrayó la dificultad de comunicar los precios futuros, ya que la normativa vigente exige a las estaciones mostrar los valores actuales. Por esto, FECRA considera que informar los precios «provocaría confusión y desconcierto entre clientes, empleados y dificultaría las tareas de operación«.
Y, finalmente, recordaron que algunas prestadoras implementaron un esquema de precios variables durante el día para optimizar la demanda, práctica que en caso de aprobarse la nueva ley, sería inviable. «Estas son algunas consideraciones por las cuales este proyecto generaría más complicaciones que beneficios al consumidor, afectando una actividad fundamental para la estructura productiva de la provincia«, finalizó la carta.
