Los municipios del Gran Buenos Aires enfrentan un escenario financiero distinto desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. La decisión del Gobierno nacional de ordenar las cuentas y cortar los envíos discrecionales que históricamente manejaron los Ejecutivos anteriores obligó a que los intendentes del Conurbano revisaran su esquema de recaudación. La respuesta fue contundente: la mayoría impulsó incrementos de tasas que en muchos distritos superan ampliamente la inflación acumulada del año.
De los 24 municipios del GBA, 23 definieron subas en sus tasas durante 2025 con porcentajes que van del 10% a más del 150%. En varios casos, la actualización terminó siendo mucho más elevada de lo que figuraba en las ordenanzas debido a recargos adicionales incluidos en las boletas.
Las tasas municipales siguen siendo el principal recurso de caja para financiar servicios urbanos y obras. Con el respaldo de sus mayorías en los concejos deliberantes, los jefes comunales aprobaron los aumentos sin grandes obstáculos, pese a las quejas de la oposición local por el impacto sobre vecinos y comercios.
El contraste: el caso de Tres de Febrero
En ese mapa de incrementos, la única excepción fue Tres de Febrero. El municipio gobernado por Diego Valenzuela, hoy aliado del oficialismo nacional, redujo la carga impositiva para alentar inversiones. El distrito eliminó la Tasa de Seguridad e Higiene para nuevas empresas durante el primer año y prorrogó ese beneficio para el sector gastronómico. Además, los contribuyentes pueden adherir a un régimen de estabilidad tributaria por 30 años.
Mientras tanto, Lanús, Hurlingham y Quilmes —todos conducidos por dirigentes de La Cámpora— figuran entre los que aplican las alícuotas más altas: 6,3%, 4,5% y 3,7% respectivamente en Seguridad e Higiene.
La expansión acelerada de la Tasa Vial
El impuesto que más creció en los últimos años fue la Tasa Vial. Lo que comenzó como un recargo puntual para financiar mantenimiento vial terminó extendiéndose por todo el Conurbano. Hoy, 17 municipios la aplican con montos que oscilan entre el 1,5% y el 3% del valor del combustible.
Esta expansión se dio, principalmente, en distritos alineados con el kirchnerismo durante los recortes de fondos nacionales previos a 2023 y volvió a intensificarse después de la asunción de Milei. Sin embargo, expertos tributaristas advierten que el tributo es inconstitucional y viola la Ley de Coparticipación Federal. En CABA —donde no existe— el impacto se refleja en el precio más bajo del combustible.
Municipios que eliminaron o suspendieron la tasa
Otras intendencias optaron por un camino diferente. San Isidro, Vicente López, Esteban Echeverría, San Martín, Tres de Febrero, Morón y San Miguel no tienen vigente la Tasa Vial. En algunos casos fue dada de baja por decisión política; en otros, nunca llegó a implementarse.
En Lomas de Zamora, donde el recargo es del 2%, el Ministerio de Economía de la Nación pidió a la Corte Suprema que lo declare inconstitucional, señalando que el municipio y la provincia violan el régimen federal de coparticipación.
Subas fuertes en ABL y comercios
En paralelo a la Tasa Vial, varios municipios aplicaron incrementos significativos en ABL y tributos comerciales. Para Berazategui, el aumento autorizado para 2025 fue del 80%, con facultades para aplicar un 150% adicional desde marzo. En Florencio Varela, el ajuste para comercios llegó al 170%.
Otros casos llamativos fueron Quilmes, donde la oposición denunció que las subas reales superaban el 100%, y José C. Paz, con un esquema escalonado que alcanza un 83% anual.
En Tigre, el incremento fijado en enero fue del 50% sin posteriores actualizaciones. San Martín aplicó un ajuste del 27,5% anual, mientras que Lanús aprobó un 45% con actualizaciones trimestrales por inflación prevista.
El nuevo esquema de recaudación deja en evidencia una divergencia marcada entre municipios que buscan descomprimir la presión tributaria para atraer inversiones y distritos que optan por sostener aumentos por encima de la inflación. En paralelo, el Gobierno nacional mantiene firme su decisión de no volver al esquema de envíos discrecionales que caracterizó al kirchnerismo.
