La denuncia que Elisa Carrió presentó junto a los legisladores Facundo del Gaiso y Matías Yofe contra dos presuntos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia no seguirá tramitándose en Comodoro Py. El juez federal Daniel Rafecas resolvió declararse incompetente y enviar el expediente al fuero Penal Económico, al considerar que, por su naturaleza, los hechos investigados corresponden al orden económico y financiero.
La resolución, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, implica que será la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico la que sorteará qué juzgado continuará la investigación sobre supuestas maniobras de lavado de activos vinculadas a la adquisición de un inmenso predio en Pilar.
Los bienes investigados y el rol de los supuestos testaferros
La denuncia original apuntaba directamente a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como adquirentes de un inmueble de más de 105.000 metros cuadrados en Villa Rosa, partido de Pilar. Según la presentación, la propiedad incluye autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre, una pista de entrenamiento equino, instalaciones deportivas y hasta un helipuerto.
Los legisladores sostuvieron que los perfiles fiscales y los ingresos declarados por Pantano y Conte no justifican de ningún modo una operación de ese volumen. Además, aportaron documentación societaria, registros catastrales, informes comerciales y material audiovisual que, según su interpretación, muestran inconsistencias patrimoniales.
La causa también incorporó datos sobre las actividades empresariales y deportivas de Pantano. En 2023, asumió como titular de Mendoza Wines SA y comenzó a asociarse con figuras ligadas al fútbol como Lucas Labbad, exgerente general de Boca Juniors durante la presidencia de Daniel Angelici y un actor relevante del negocio futbolístico nacional e internacional.
El vínculo que vuelve al centro: Tapia, el fútbol y los negocios paralelos
La presentación de Carrió y su equipo se apoyó además en múltiples versiones públicas —periodísticas y surgidas en redes sociales—. Y que atribuyen la verdadera propiedad del predio al presidente de la AFA. Si bien Tapia no figura como denunciado formalmente, el expediente alude a su nombre como posible beneficiario final de los bienes en cuestión.
Los legisladores remarcaron esta línea argumental en el texto original. Para ellos, la operación inmobiliaria no puede entenderse sin analizar “las relaciones que los denunciados habrían construido con quien sería el dueño de la propiedad”. Es decir, una alusión directa al dirigente del fútbol cuya cercanía con sectores del peronismo ha sido ampliamente documentada.
El criterio judicial: no hay delito federal previo y el caso cambia de fuero
En su decisión, Rafecas aclaró que no encontró elementos que permitieran establecer un delito precedente de competencia federal. Un requisito que habilitaría que el caso siguiera en Comodoro Py. Tampoco advirtió circunstancias que justifiquen la intervención del fuero Criminal y Correccional Federal.
Por esa razón, dispuso que todo el expediente pase al fuero Penal Económico, donde sí encuadran causas de lavado vinculadas a actividades patrimoniales, societarias o irregularidades financieras de origen no necesariamente federal.
Un caso que promete seguir generando ruido político
La denuncia había escalado con fuerza en las últimas semanas. Carrió, del Gaiso y Yofe insistieron en que el volumen de bienes involucrados amerita una investigación. Y especialmente profunda sobre la trazabilidad del dinero y el posible rol de Tapia.
El titular de la AFA, pieza clave en el fútbol argentino y figura históricamente alineada con sectores del kirchnerismo, vuelve así al centro de un escenario judicial que combina sospechas patrimoniales, vínculos políticos y un patrimonio difícil de justificar. La continuidad de la causa en el fuero Penal Económico definirá los próximos pasos.
