Dos fiscales federales pidieron reabrir la causa judicial que investiga el millonario préstamo que el gobierno de Mauricio Macri tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. El caso también salpica a dos ministros claves del presidente Javier Milei. La investigación se centra en el acuerdo por 57.100 millones de dólares y busca determinar si se cometieron delitos durante su firma.
El fiscal de cámara José Agüero Iturbe respaldó este martes el pedido de su colega Franco Picardi. Con esta medida buscan dejar sin efecto el archivo de la causa decidido previamente por la jueza María Eugenia Capuchetti.
Los principales acusados
La reapertura de este expediente pone en una situación complicada al expresidente y a funcionarios que son parte del gobierno libertario. Entre los imputados se encuentran el actual ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quienes en la gestión de Macri ocupaban cargos centrales en el Banco Central y en el gabinete de ese entonces. También está bajo la lupa el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
Los fiscales aseguran que la causa ya cuenta con pruebas suficientes para que los acusados sean llamados a declarar en indagatoria. Ahora, la decisión final está en manos de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, quienes deberán resolver si confirman el cierre del caso o permiten que la investigación continúe para conocer el destino de los fondos.
Irregularidades en la firma del acuerdo
La fiscalía sostiene que el endeudamiento se realizó de manera ilegal y saltándose pasos fundamentales que exige la ley argentina. Según la apelación, la deuda se contrajo sin pasar por el Congreso y sin que el Banco Central emitiera los informes técnicos obligatorios. Además, se señala que no existió un decreto presidencial que autorizara la firma del acuerdo.
Otro punto grave de la denuncia indica que habría documentos que fueron confeccionados después de que el acuerdo ya estaba suscrito. Los fiscales también criticaron que se confundieron los roles de los ministerios de Hacienda y Finanzas durante el proceso. El objetivo de reabrir la causa es esclarecer si hubo mal manejo de dinero público y si los fondos se utilizaron para financiar la fuga de capitales.
