Citan a declarar a la exministra de Salud Carla Vizzotti por la compra de vacunas contra el coronavirus

La Justicia avanzó en la investigación por la compra de vacunas durante la pandemia y citó a indagatoria a la exministra de Salud Carla Vizzotti, junto a un grupo de empresarios y especialistas del sector. El foco del expediente está puesto en posibles demoras en la adquisición de vacunas contra el COVID-19 provenientes de Estados Unidos durante 2020, en un contexto donde el acceso a las vacunas era crítico.

La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo a partir de un requerimiento impulsado por el fiscal Carlos Stornelli, quien sostiene que durante ese período pudo haberse configurado una trama de irregularidades vinculadas a intereses económicos. En su planteo, el fiscal describió la existencia de una «matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses» en medio de la emergencia sanitaria.

Además de Carla Vizzotti también figuran el empresario Hugo Sigman, citado para el 19 de mayo, y el infectólogo Pedro Cahn, quien deberá presentarse el 26 de ese mismo mes. A ellos se suman otros directivos y actores vinculados al proceso de provisión de vacunas, lo que amplía el alcance de la investigación.

Causa vacunas: los avances de la Justicia

La investigación busca reconstruir cómo se tomaron las decisiones en ese momento y si existieron desvíos en los criterios aplicados para la adquisición de las dosis. El juzgado definió un calendario de audiencias que se desarrollará entre mayo y septiembre, con presentaciones escalonadas.

Según consta en la resolución, el esquema comenzará con los principales acusados, entre ellos Carla Vizzotti, y luego avanzará sobre funcionarios y representantes de empresas que participaron en las negociaciones durante la pandemia. En paralelo, el magistrado adoptó medidas puntuales sobre algunos implicados. Entre ellas, resolvió modificar la situación procesal de Mauricio Monsalvo, a quien se le retiró el carácter de testigo que tenía previamente, lo que implica un cambio significativo en su rol dentro del expediente.

La causa se remonta a las gestiones realizadas en 2020, cuando el gobierno de Alberto Fernández buscaba asegurar el suministro de vacunas en plena crisis sanitaria. En ese marco, la Justicia intenta establecer si las decisiones respondieron exclusivamente a criterios de salud pública o si estuvieron condicionadas por intereses particulares en uno de los momentos más delicados de la pandemia.