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POLÍTICA

El Gobierno desmintió a Esteban Paulón y escaló la polémica por la Ley de Glaciares

 

La antesala del debate por la Ley de Glaciares, en Diputados, sumó un nuevo capítulo de tensión política tras el cruce entre Esteban Paulón y la Oficina de Respuesta Oficial,

 
Esteban Paulón
Esteban Paulón

La antesala del debate por la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados sumó un nuevo capítulo de tensión política tras el cruce entre el legislador de Provincias Unidas, Esteban Paulón, y la Oficina de Respuesta Oficial, la cuenta del Gobierno nacional destinada a refutar lo que considera “fake news”. El intercambio se produjo a menos de 24 horas de la sesión convocada para este miércoles 8 de abril a las 15, donde el proyecto —que ya cuenta con media sanción del Senado— podría convertirse en ley.

El conflicto se desató a partir de un mensaje publicado por Paulón en la red social X, donde cuestionó la iniciativa y advirtió sobre sus posibles consecuencias ambientales. El diputado sostuvo que “no hay motivo ni evidencia científica” para respaldar la modificación de la norma vigente, y atribuyó el impulso del proyecto a intereses económicos. Además, alertó sobre el impacto en el acceso al agua dulce, al remarcar que se trata de un recurso “finito” del cual depende una porción significativa de la población argentina.

Cruce por el alcance de la reforma

En su publicación, el legislador también defendió la legislación actual al afirmar que “no altera la actividad minera” sino que la ordena bajo criterios de sustentabilidad. En esa línea, advirtió que la eventual aprobación de la reforma implicaría una “desarticulación territorial” que podría extenderse a otros ecosistemas sensibles como bosques, humedales y áreas protegidas. “Conmigo no cuenten”, concluyó, fijando una postura de rechazo tajante.

La respuesta oficial no tardó en llegar. Desde la Oficina de Respuesta Oficial, el Gobierno calificó de “FALSO” el planteo del diputado y lo acusó de “mentir y desinformar a los argentinos”. En un tono confrontativo, el mensaje oficial cuestionó la interpretación del proyecto realizada por Paulón y sugirió que el legislador “no leyó” la iniciativa o que decidió “tergiversarla deliberadamente”.

La defensa del Gobierno y el eje en el federalismo

Según la réplica oficial, la reforma de la Ley de Glaciares no altera su espíritu ni reduce los estándares de protección ambiental. Por el contrario, el Ejecutivo sostiene que el objetivo es “aclarar el objeto protegido”, haciendo explícito que la normativa resguarda tanto los glaciares como las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, consideradas reservas estratégicas de agua.

El Gobierno también argumentó que la redacción original de la ley generaba “interpretaciones confusas” que derivaban en prohibiciones generales, incluso en casos donde no existía afectación concreta. En ese sentido, remarcó que la normativa debe aplicarse bajo el principio de “utilización racional de los recursos”, en línea con el artículo 41 de la Constitución Nacional, y respetando el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, establecido en el artículo 124.

Otro de los puntos centrales de la defensa oficial fue el rol de las provincias en la implementación de la ley. Según se indicó, jurisdicciones como Catamarca, Jujuy, Mendoza, Salta y San Juan impulsaron cambios para reforzar su capacidad de decisión a través de evaluaciones de impacto ambiental (EIA), lo que el Ejecutivo definió como un avance hacia un “verdadero federalismo ambiental”.

Finalmente, el Gobierno subrayó que el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), mantendrá un rol clave bajo el principio precautorio. Además, aseguró que el proyecto respetó instancias de participación ciudadana conforme al Acuerdo de Escazú, e insistió en que la iniciativa busca compatibilizar el cuidado del ambiente con el desarrollo económico.