El Gobierno prohibió este jueves el ingreso de toda la prensa acreditada a la Casa Rosada y cerró la sala de prensa ubicada en el edificio gubernamental, en lo que distintos sectores del periodismo describieron como un hecho sin precedentes en la historia democrática argentina. Además. parte del arco político los defendieron, entre ellos el PRO, espacio aliado a Javier Milei.
«El periodismo no está para congraciar, está para informar. Y en democracia eso es indispensable. Garantizar una prensa libre no es una opción: es una obligación de cualquier Gobierno«, escribieron desde el espacio liderado por Mauricio Macri en sus redes sociales.
El periodismo no está para congraciar, está para informar. Y en democracia eso es indispensable. Garantizar una prensa libre no es una opción: es una obligación de cualquier Gobierno.
— PRO (@proargentina) April 24, 2026
La decisión del Gobierno
La prohibición contra periodistas fue comunicado de manera abrupta en redes sociales por la Ofician del Presidente: «Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal», sin mayores explicaciones ni plazos definidos para la reapertura.
La decisión que criticó el PRO se originó en una denuncia penal presentada por la Casa Militar por «presunto espionaje«, tras la difusión de videos filmados en los pasillos de la Casa Rosada que salieron al aire el domingo pasado en el programa de Luciana Geuna e Ignacio Salerno por TN.
Las imágenes, tomadas en el interior del edificio gubernamental, derivaron en una investigación interna que el Gobierno utilizó como justificación para vedar el acceso a la totalidad de los medios acreditados, sin distinguir entre los periodistas involucrados y el resto de la prensa.
Consecuencias de esta medida
La medida generó un repudio inmediato en el ámbito periodístico y político. Organizaciones de libertad de prensa, sindicatos de periodistas y dirigentes opositores de distintos espacios cuestionaron la decisión y la calificaron como un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la información pública.
Las consecuencias institucionales de la medida son significativas. El cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada rompe con una tradición de décadas de acceso periodístico y que podría vulnerar el derecho de acceso a la información pública garantizado por la Constitución Nacional y por tratados internacionales suscriptos por la Argentina, y anticiparon posibles presentaciones judiciales para revertir la medida.
A su vez, si la Justicia avanza y considera que los periodistas de TN realizaron un espionaje que puso en riesgo la seguridad nacioanl, podrían caberles penas de 1 a 6 años de prisión, mientras que el espionaje ilegal puede conllevar penas de 1 mes a 8 años de prisión, dependiendo de la gravedad, el uso de engaños, o la difusión de información
