Tras presentar un pedido de informe la semana pasada, el diputado nacional Esteban Paulón lanzó una dura advertencia sobre la transparencia en el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del Banco Nación. Según el legislador, existe una lista de beneficiarios que incluye a funcionarios del Ministerio de Economía y legisladores de La Libertad Avanza.
Paulón sostiene que estos préstamos no coinciden con la realidad económica de quienes los reciben. El diputado explicó que se trata de “créditos de 300, 350, 400 mil dólares». Y aseguró que «son créditos por sobre el promedio de los créditos hipotecarios del mercado”.
Sueldos que no alcanzan para créditos abultados
Una de las mayores críticas de Paulón se centra en la relación entre los ingresos de los funcionarios y el monto de las cuotas. Según sus cálculos, para acceder a un crédito de 300 mil dólares se necesitaría un ingreso mensual de al menos 13 millones de pesos, una cifra que la mayoría de los funcionarios nacionales no declara tener.
“Cuando uno cruza el nivel de ingreso tope de la cuota con el crédito otorgado, ya hay montos que superan largamente esos sueldos”. Además, contrastó esta situación con la de los ciudadanos comunes, a quienes el banco les presta montos mucho menores.
Contradicciones con el relato de la «casta»
Paulón señaló que existen contradicciones entre el discurso oficial de privatizar el banco público y el uso personal que los funcionarios hacen para beneficio propio.
“Vengo a cerrar el Banco Nación, vengo a privatizar el Banco Nación, vengo a terminar con la casta y después los primeros que fueron corriendo al Banco Nación a golpear la puerta son ellos”, sentenció el legislador. Para Paulón, esta actitud demuestra que los bancos públicos siguen funcionando bajo viejas lógicas de privilegio.
Paulón sobre la semana agitada de Adorni
Paulón es uno de los principales denunciantes en el caso contra Manuel Adorni, el cual investiga una presunta maniobra de lavado de activos. El diputado aseguró que el jefe de Gabinete enfrenta una semana decisiva en la Justicia por la compra de un departamento en Caballito y la casa en el country Indio Cua Golf Club.
Según el legislador, dos intermediarias que no son personas políticamente expuestas compraron la propiedad por 200.000 dólares. Mientras que el valor de mercado sería de 400.000 dólares, esto habría reducido de forma artificial el costo de escrituración. La operación ocurrió antes de que el funcionario ingresara al inmueble. En este contexto, la Justicia citó a la escribana interviniente y busca determinar si hubo usurpación de identidad. También investiga si las mujeres sabían lo que firmaban.
Para enfrentar esta situación, el funcionario contrató a un costoso estudio de abogados penalistas, un movimiento que la oposición interpreta como un signo de preocupación. Además del caso inmobiliario, se investigan viajes al exterior que no coincidirían con sus ingresos declarados.
