Tras el anuncio del Gobierno de Javier Milei sobre la suspensión de la doble escolaridad en escuelas primarias vulnerables, la oposición presentó un proyecto de ley para enfrentar la crisis que afecta a los menores en todo el país. La iniciativa fue presentada por las legisladoras Mariela Coletta (UCR) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas).
La iniciativa surge como una respuesta directa a la falta de inversión estatal en los sectores más postergados. El proyecto busca establecer herramientas extraordinarias para que el Estado no abandone su rol de protección ante problemas que las autoras consideran «críticos y contemporáneos».
Emergencia federal y coordinación urgente
El corazón de la propuesta es la declaración de una “emergencia federal en materia de prevención, atención y abordaje urgente de violencias críticas, amenazas graves y riesgos emergentes que afectan a niñas, niños y adolescentes”. Esta medida tendría una vigencia inicial de dos años.
El objetivo principal es “activar mecanismos extraordinarios y urgentes de coordinación institucional, fortalecimiento de capacidades estatales y respuesta inmediata”. Para lograrlo, se propone que el Ministerio de Capital Humano, el de Salud y el ENACOM trabajen en conjunto para seguir de cerca la situación de la infancia.
Salud mental, bullying y apuestas online
El proyecto pone la lupa sobre problemas que han crecido exponencialmente en los últimos años y que hoy no cuentan con una respuesta oficial suficiente. Entre las prioridades, las legisladoras exigen acciones inmediatas sobre la “salud mental infantojuvenil”, el “riesgo suicida y autolesiones” y la “regulación de los entornos digitales”.
Uno de los puntos más innovadores de la ley es el combate contra la “ludopatía y apuestas online en menores de edad”, un fenómeno que preocupa a familias de todo el país. También incluye el abordaje del “grooming y riesgos digitales”, así como el fortalecimiento de la Ley de convivencia escolar para frenar el bullying.
Seguridad alimentaria y actualización de ayudas
Frente a la crisis económica, el proyecto no se olvida del hambre. En este sentido, el texto también propone una medida clave para sostener el bolsillo de las familias más pobres: “actualizar la Tarjeta Alimentar y el Progresar con el mismo índice automático de la AUH”. De esta manera, se busca que las ayudas alimentarias no queden rezagadas frente a la inflación.
Además, la ley ordena equiparar los tramos más bajos de las asignaciones que reciben los trabajadores formales con los montos de la AUH. Esta medida apunta a garantizar una “seguridad alimentaria” básica en un contexto de fuerte ajuste presupuestario.
El Estado no puede seguir llegando tarde ni mirando para otro lado mientras la violencia afecta a chicos y adolescentes. Al desfinanciamiento de la educación se suma que no hay coordinación real ni herramientas actualizadas para enfrentar estos problemas. Hay hambre, ausentismo… pic.twitter.com/ZssvXzOs4T
— Mariela Coletta (@marielacoletta) April 22, 2026
Control del Congreso y reasignación de fondos
Para asegurar que la ley no sea un «sello de goma», el proyecto establece mecanismos de control estrictos. Las autoridades deberán enviar al Congreso “informes trimestrales sobre las medidas adoptadas, ejecución presupuestaria y resultados obtenidos”.
Finalmente, el texto autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las “reasignaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley”, aclarando que esto no debe afectar otras prestaciones esenciales ya vigentes. Con este proyecto, las legisladoras buscan poner en la agenda política la protección de la niñez frente a la desatención del Gobierno.
