El juez Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba en la causa que investiga los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios, legisladores y asesores vinculados al Gobierno. La decisión, adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, incluyó una auditoría general de los préstamos y la solicitud de documentación detallada sobre cada uno de los beneficiarios identificados en la causa.
Entre los nombres alcanzados por la resolución figuran figuras con roles clave en la gestión económica del gobierno de Javier Milei. El secretario de Finanzas Federico Furiase, el director del Banco Central Juan Pedro Inchauspe y Felipe Núñez, del Banco de Inversión y Comercio Exterior, son algunos de los funcionarios cuyos legajos fueron requeridos por el magistrado. A ellos se suman Juan Pablo Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, y Emiliano Mongilardi, director de YPF.
El listado se extiende además al ámbito legislativo. Los diputados nacionales Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Maira Raquel Frías y Alejandro Carrancio también están incluidos en el requerimiento judicial. Completa la nómina Sharif Menem, asesor del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuya presencia en la causa agrega una arista de particular sensibilidad política.
Hacia donde va la investigación de los créditos hipotecarios
El eje central de la investigación apunta a determinar si los beneficiarios cumplían con las condiciones requeridas para acceder a los créditos hipotecarios. Con ese objetivo, Lijo ordenó acceder a las carpetas presentadas por cada solicitante, que incluyen información sobre ingresos, solicitudes y las propiedades a adquirir. Los créditos bajo análisis alcanzaron montos de hasta 350.000 dólares, una cifra que los investigadores consideran llamativa en el contexto de los salarios del sector público.
La resolución también alcanzó al Banco Central, al que se le solicitó que informe qué cargos ocuparon Furiase e Inchauspe desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, junto con los decretos, resoluciones y actos administrativos correspondientes. Además, el organismo deberá remitir el marco legal y normativo vigente sobre los procedimientos de adjudicación de créditos hipotecarios en el sistema financiero, en el que se inscribe el Banco Nación.
La causa tiene su origen en la difusión pública de información sobre estos préstamos, que generó cuestionamientos sobre la existencia de condiciones preferenciales para funcionarios y legisladores del oficialismo.
La defensa del Gobierno
Tras conocerse el alcance de la causa judicial, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía Luis Caputo salieron públicamente a respaldar a los funcionarios involucrados. Desde el oficialismo se argumentó que los créditos hipotecarios fueron obtenidos en las mismas condiciones que cualquier ciudadano que reúna los requisitos para acceder a una línea hipotecaria, y que no hubo ningún tipo de trato preferencial en las operaciones bajo análisis.
