Mientras la Justicia avanza con la investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo busca retomar la iniciativa y preparara un paquete de proyectos para enviar al Senado de la Nación. La Libertad Avanza (LLA) espera debatir y sancionar en el Senado algunas de sus iniciativas más controversiales gracias a la mayoría que logró tejer en los últimos meses.
Durante el fin de semana, el oficialismo remitió a la Cámara Alta las reformas a las leyes de Discapacidad y de Salud Mental, y ahora busca incluir en la agenda la ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», ampliamente anticipada por el presidente Javier Milei. En los últimos meses, el Senado se convirtió en el escenario en el que el Gobierno presentó sus mayores proyectos, como la reforma laboral y la modificación a la Ley de Glaciares.
El oficialismo sólido en el Senado
Esto debido a que la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, logró consolidar una mayoría en el Senado junto a los bloques dialoguistas. Entre los espacios que respaldan al bloque libertario se encuentran el PRO, la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas y distintos bloques provinciales como Frente de la Concordia (Misiones), Despierta Chubut, Primero los Salteños, la Neuquinidad. Gracias a estos bloques, LLA puede reunir entre 40 y 44 votos afirmativos.
El Gobierno prepara su próximo gran proyecto
El proyecto de Inviolabilidad de Propiedad Privada contempla la eliminación de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. Actualmente, el tope para la adquisición es de mil hectáreas, y en caso de aprobarse la ley, solamente deberán pedir autorización entidades o países extranjeros vinculados a la compra de las tierras.
Asimismo, la ley introduciría un sistema «express» para acelerar los desalojos, reduciendo de 10 a 3 días el plazo de intimación por falta de pago, y a 5 días para lograr el desalojo, ya que las autoridades pedirán solamente el titulo de propiedad. Además se eliminarán de la Ley de Manejo del Fuego los artículos que prohíben vender humedales, áreas protegidas y bosques nativos por 60 años en casos de incendio.
