(Por Diego Nofal).- La reciente aprobación en la Legislatura de Catamarca del convenio que establece un reparto igualitario de regalías y tributos mineros con Salta por el proyecto Diablillos desató una tormenta política cuyas esquirlas apuntan directamente contra la gestión del gobernador Raúl Jalil.
La senadora por Antofagasta de la Sierra, Alejandra Soriano, no solo votó en contra del acuerdo, sino que lanzó una acusación de enorme gravedad institucional: la provincia estaría cediendo de manera inconsulta una porción sustancial de su patrimonio minero a cambio de una supuesta paz transitoria con la vecina jurisdicción.
El corazón del escándalo radica en el esquema “50 y 50” diseñado para distribuir los beneficios de la explotación de Diablillos. Según la legisladora, la mayoría de los recursos minerales en disputa se asientan sobre territorios históricamente pertenecientes a Catamarca. Ceder la mitad de los ingresos fiscales futuros sin que exista una delimitación definitiva aprobada por el Congreso Nacional constituye, en la práctica, una renuncia anticipada a derechos soberanos.
La crítica no es un capricho opositor: es la expresión de una lógica elemental de defensa de los recursos provinciales que la administración de Raúl Jalil parece haber extraviado en el laberinto de los acuerdos políticos.
Lo más desgarrador del debate no fueron las cifras, sino el contraste brutal que la propia Soriano expuso al vincular la discusión minera con la dramática realidad social de la Puna. Denunció que no puede aceptarse con naturalidad la existencia de niños con dificultades alimentarias en escuelas de Antofagasta de la Sierra mientras desde ese mismo departamento se extraen minerales de valor geopolítico mundial. Esta declaración interpela directamente al gobernador.
Las fuertes críticas a la decisión de la Legislatura de Catamarca
¿De qué sirve alardear sobre el potencial del litio, el oro y el cobre si las comunidades que conviven con los proyectos extractivos siguen postergadas? La senadora aclaró que su reclamo no es contra la minería ni las inversiones privadas, sino que exige justicia territorial, representación política real y un esquema de desarrollo que transforme la explotación en obras, infraestructura, empleo genuino y mejoras concretas. Ese grito desde la Puna es una radiografía de la deuda que la gestión de Jalil mantiene con los sectores más vulnerables de la provincia.
La defensa del oficialismo se amparó en un argumento de transitoriedad. Sostuvieron que el convenio es una herramienta necesaria para destrabar inversiones y que no implica resignar soberanía, pues la discusión limítrofe quedará abierta hasta que el Congreso Nacional la resuelva. Sin embargo, esta postura resulta tan endeble como peligrosa.
Los antecedentes demuestran que los convenios “transitorios” suelen eternizarse, consolidando situaciones de hecho imposibles de revertir. Además, si el propio gobernador considera que Catamarca tiene derecho sobre esos territorios, su obligación es exigir la ley de límites con la misma vehemencia con la que promueve la radicación de capitales.
De lo contrario, se expone a la fundada sospecha de estar regalando recursos a cambio de un entendimiento político con Salta, subordinando el interés estratégico provincial a una gobernabilidad de corto plazo.
La paradoja de la minería en la gestión de Jalil
Resulta paradojal que un gobierno que ha hecho de la minería su bandera de progreso termine avalando un esquema que debilita las arcas públicas provinciales. La oposición no pide frenar la minería; exige que se negocie con dignidad y en defensa del patrimonio de todos los catamarqueños.
Regalar la mitad de las regalías de Diablillos sin una definición limítrofe por ley es un acto de irresponsabilidad que merece un debate profundo. La Puna necesita respuestas ya, y los niños de Antofagasta no pueden seguir esperando mientras la política discute migajas en los despachos oficiales.
