La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dio un paso clave en el conflicto por el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) al presentar un recurso de amparo federal para frenar el ajuste al organismo. La acción judicial busca anular la Resolución 42/2026, una normativa interna que dispone la eliminación de más de 900 servicios técnicos y programas de asistencia tecnológica.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, explicó que el «Gobierno está actuando al margen de la ley en su intento de desmantelamiento del INTI». Según el dirigente, las autoridades del instituto no pueden borrar por resolución funciones que el Congreso Nacional le otorgó al organismo mediante su ley orgánica.
Una atribución que «solo corresponde al Congreso»
El argumento central del amparo sostiene que el Consejo Directivo del INTI carece de competencia para suprimir los servicios esenciales que justifican la existencia del instituto. El gremio explica que el INTI fue creado por el Decreto-Ley 17.138/57 y que sus funciones son mandatos legales que no pueden ser eliminados por una resolución interna de menor jerarquía.
En este sentido, el sindicato denunció que las autoridades se están arrogando facultades legislativas que no tienen. “No podemos permitir que existan autoridades que pretendan estar por encima del Congreso”, resaltó Aguiar. Y señaló que cualquier cambio estructural profundo en el INTI debería pasar por el Poder Legislativo y no definirse en un despacho administrativo.
AHORA!!
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) May 17, 2026
ATE PRESENTÓ UN AMPARO CONTRA EL CIERRE DEL INTI!!
NO PODEMOS PERMITIR QUE EXISTAN AUTORIDADES QUE PRETENDAN ESTAR POR ENCIMA DEL CONGRESO!!
El Gobierno está ACTUANDO AL MARGEN DE LA LEY en su intento de DESMANTELAMIENTO del INTI. Las resoluciones emitidas por el… pic.twitter.com/IQYk3J9Tv6
Denuncias por un «vaciamiento institucional» encubierto
Para ATE, la Resolución 42/2026 no es una medida aislada de gestión, sino parte de un plan sistemático para desarticular el organismo. El gremio denunció que la resolución busca avanzar administrativamente con un desmantelamiento del INTI que la Justicia ya había frenado el año pasado.
El gremio advierte que, al cerrar áreas técnicas y dar de baja servicios, se deja a profesionales altamente especializados en una situación de “desocupación efectiva”. Aunque continúan empleados, los trabajadores quedan sin tareas ni herramientas para desempeñar sus funciones. Según ATE, esta situación pone en riesgo cerca de 700 puestos de técnicos e investigadores.
Riesgos para la salud pública y la producción nacional
Más allá del conflicto laboral, el amparo detalla los riesgos que implica para la sociedad la eliminación de estos controles. Entre los servicios afectados figuran los controles de inocuidad alimentaria, incluida la detección de bacterias como Salmonella. También se verán comprometidas la verificación de dispositivos médicos, el monitoreo de combustibles y la seguridad en materiales de construcción.
Aguiar advirtió que este desmantelamiento afecta directamente al crecimiento del país, ya que el INTI es el principal respaldo tecnológico de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Sin estos ensayos y certificaciones estatales, las empresas deberán recurrir a laboratorios privados más costosos, o bien, los productos llegarán al mercado sin el control de calidad adecuado, incrementando la vulnerabilidad de los consumidores.
