La vitivinicultura argentina comenzó este martes una nueva discusión de fondo. Tras la publicación de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que pone fin a las contribuciones obligatorias destinadas a financiar la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Bodegas de Argentina expresó públicamente su respaldo a la decisión del Gobierno nacional y habló de un “paso histórico” para la modernización del sector.
La entidad empresaria, que nuclea a más de 200 bodegas responsables del 90% de las exportaciones de vino argentino, sostuvo que la medida implica el cierre formal del ciclo iniciado con el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI) y representa un alivio económico inmediato para las bodegas de todo el país.
En un comunicado difundido este martes, Bodegas de Argentina afirmó que la normativa “ratifica que el ciclo de la Coviar, diseñado originalmente con horizonte hasta el año 2020, ha cumplido su plazo legal” y destacó que el fin de los aportes obligatorios permitirá que los recursos “permanezcan en los establecimientos para fomentar la inversión y la competitividad”.
Un cambio que reabre el debate dentro de la vitivinicultura argentina
La resolución dispone además que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) deje de recaudar esas contribuciones desde ahora, un punto que distintos sectores del vino venían cuestionando desde hace años por considerar que mantenía una estructura ya alejada de los objetivos originales con los que fue creada.
La cámara empresaria también valoró que el Gobierno haya solicitado un informe final de rendición de cuentas sobre el uso de los fondos administrados por Coviar. “La transparencia en el manejo de recursos públicos y privados es un pilar irrenunciable”, señalaron desde la entidad.
En otro de los pasajes más significativos del documento, Bodegas de Argentina interpretó la decisión oficial como el inicio de “una etapa de mayor libertad y responsabilidad sectorial” y planteó que el fin de la intermediación obligatoria no implica abandonar la planificación estratégica, sino avanzar hacia mecanismos de coordinación “más eficientes, voluntarios y alineados con las necesidades reales de competitividad”.
La presidenta de la institución, Patricia Ortiz, sostuvo que la eliminación de los esquemas compulsivos “reduce burocracia y mejora competitividad”, y recordó que Bodegas de Argentina históricamente mantuvo diferencias con el modelo de financiamiento de Coviar. También consideró necesario avanzar en una revisión de acuerdos regulatorios que, según afirmó, afectan la libertad comercial dentro de la industria.
El debate sobre el rol de Coviar atravesó durante años a la vitivinicultura argentina. Mientras algunos sectores defendían su papel institucional en la promoción del vino y la articulación público-privada, otros cuestionaban la obligatoriedad de los aportes y reclamaban un esquema más flexible y menos centralizado.
Competitividad interna, los nuevos desafíos
Con la nueva resolución, el Gobierno nacional parece inclinarse por esta última visión. El respaldo explícito de Bodegas de Argentina deja en evidencia que una parte importante del sector interpreta el cambio como el inicio de una reconfiguración profunda del modelo vitivinícola argentino.
Ahora, el desafío será otro: cómo sostener políticas de promoción, apertura de mercados y posicionamiento internacional sin estructuras financiadas compulsivamente. En un contexto de caída del consumo interno y presión sobre los costos, las bodegas creen que la competitividad volverá a jugarse, más que nunca, puertas adentro de cada finca y de cada empresa.
