La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) salió este lunes al cruce de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación y manifestó su rechazo a la decisión oficial de cerrar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y eliminar las contribuciones obligatorias que sostenían parte de su estructura operativa.
A través de un duro comunicado institucional, la entidad calificó la medida como “improcedente, inconsulta e inoportuna” y alertó sobre el impacto que podría tener sobre la vitivinicultura argentina en medio de un escenario económico delicado para las economías regionales.
La resolución oficial introduce modificaciones en el funcionamiento y financiamiento de la COVIAR, un organismo creado por ley que desde hace más de dos décadas articula políticas de planificación estratégica para el sector vitivinícola argentino.
Un conflicto institucional
Desde la corporación sostienen que los cambios impulsados por la Secretaría de Agricultura afectan aspectos “estructurales” del régimen vigente y cuestionan que se avance mediante una resolución administrativa sobre mecanismos establecidos legalmente.
En el comunicado, la entidad remarca que la decisión “se aparta de los principios de legalidad, previsibilidad e institucionalidad” que deberían regir la relación entre el Estado y los sectores productivos.
Además, la COVIAR advirtió que la medida excedería las competencias de la autoridad administrativa al modificar instrumentos centrales vinculados al financiamiento y alcance operativo del organismo.
El conflicto reabre una discusión histórica dentro de la industria vitivinícola sobre el rol de los organismos de articulación sectorial y el financiamiento colectivo de estrategias de promoción, desarrollo y posicionamiento del vino argentino.
Preocupación en las economías regionales
La vitivinicultura argentina atraviesa desde hace tiempo un escenario complejo marcado por la caída del consumo interno, costos crecientes y dificultades para mejorar competitividad exportadora.
En ese contexto, distintas cámaras empresarias que integran la COVIAR manifestaron preocupación por el impacto que podría generar el desmantelamiento del esquema de planificación estratégica construido durante más de veinte años.
La entidad adelantó que convocará de manera urgente a una reunión de directorio para definir los pasos institucionales a seguir y solicitar formalmente la revisión de la resolución.
Mientras tanto, el Gobierno nacional suma un nuevo frente de conflicto con sectores productivos tradicionales, en línea con la política de desregulación y reducción de estructuras impulsada por la administración de Javier Milei.
