(Por Diego Nofal).- Cada 7 de mayo, la República Argentina celebra el Día de la Minería recordando la primera Ley de Fomento Minero de 1813 con actos oficiales y discursos solemnes. Sin embargo, en la provincia de Catamarca esa fecha carga con una ironía difícil de digerir para los vecinos que sienten la minería como una condena injusta y perpetua. El mármol de los discursos oficiales del gobernador Raúl Jalil choca cada año con un tendal de promesas incumplidas que convierten el supuesto festejo en un velorio apenas disimulado.
La contaminación minera es un clásico tan repetido que cualquier catamarqueño podría recitarla de memoria mientras toma mate, con el mismo entusiasmo que una letanía interminable de desgracias. La empresa china Liex, controlada por Zijin Mining, provocó un derrame de salmuera en la Ruta Nacional 60 que le costó una multa de 254 millones de pesos.
Lo gracioso es que los informes oficiales hablaron de un daño «acotado y reversible», como si los ríos tuvieran botón de reinicio y las comunidades pudieran resetear la confianza cada lunes. Las fallas detectadas en prevención básica demuestran que la responsabilidad ambiental sigue siendo un eslogan de campaña y no una práctica real, por más que los gerentes prometan auditorías mágicas.
La licencia social brilla por su ausencia cada vez que una comunidad intenta alzar la voz frente a las topadoras, como si el derecho al pataleo estuviera prohibido en la constitución minera no escrita. En Fiambalá, los vecinos cortaron rutas y paralizaron la región para exigir que la minera china Zijin Mining se retire de sus cerros, en una protesta que duró semanas y dejó al gobierno sin argumentos. El gobernador Raúl Jalil, históricamente hermético frente al reclamo ambiental, tuvo que salir corriendo a recibir un petitorio que exige frenar la expansión minera y que deja en evidencia su falta de diálogo previo.
La «licencia social» sin comillas, donde el pueblo manda y las empresas obedecen, sigue siendo la gran ausente del modelo extractivo provincial, como un fantasma que todos invocan pero pocos quieren ver materializado. Los casos de corrupción forman parte del menú minero como el locro en las fechas patrias, un plato que se repite cada año con los mismos ingredientes y la misma indigestión. La jueza federal María Servini imputó a las mineras Agua Rica y Alumbrera, ambas operadas por la suiza Glencore, por presunta corrupción y violaciones a la Ley de Glaciares.
Los informes técnicos que identificaban 26 cuerpos de hielo en la zona del proyecto MARA fueron olímpicamente ignorados por funcionarios y empresarios, como si los glaciares fueran una leyenda sin importancia geográfica. Parece que en Catamarca los glaciares no se derriten por el cambio climático sino por la picardía de los escribas oficiales, que los borran de los mapas con la misma facilidad con que tachan derechos.
El caso testigo que muestra la comedia negra minera en la Catamarca de Jalil
Como si fuera poco, la historia de Ymad resume la comedia negra de la minería catamarqueña con guion de sainete criollo y una puesta en escena que jamás hubiera desentonado en el teatro de la corrupción. Esta empresa interestadual que debía financiar una ciudad universitaria en Tucumán terminó envuelta en negociados, favores políticos y un entramado de intereses que dejó apenas edificios inconclusos y decenas de procesamientos por malversación. El sueño de la ciencia cedió paso a la realidad de las coimas mientras las multinacionales se llevaban toneladas de mineral sin dejar más que una carcajada amarga.
Las regalías mineras que recibe Catamarca son tan modestas que invitan a preguntarse si no habrá un error de imprenta en cada presupuesto, o si los contadores mineros manejan una aritmética que solo entienden en Suiza. Un informe oficial reveló que en quince meses la provincia recibió poco más de mil millones de pesos, lo que representa menos del uno por ciento del presupuesto provincial. Los catamarqueños tienen motivos sobrados para sospechar que el famoso «derrame económico» minero es apenas un goteo que apenas moja las finanzas locales, y que la riqueza se licúa antes de llegar a la gente.
El colmo de esta tragicomedia es que los informes del propio Gobierno Nacional confirman que la matriz productiva de Catamarca depende casi exclusivamente de la minería, como un paciente enchufado a un respirador que solo emite monóxido. El litio y la minería metalífera representan el 97 % de las exportaciones del noroeste argentino, con China concentrando más del 60 % de las compras, lo que deja a la provincia en una posición de vulnerabilidad comercial. La diversificación productiva es una asignatura pendiente mientras los minerales viajan al exterior y las utilidades retornan en cuentagotas, apenas lo suficiente para mantener el espejismo del desarrollo.
El proyecto MARA, que pretende fusionar los yacimientos Agua Rica y Alumbrera, es la frutilla del postre de esta historia sin final feliz, un manjar que mezcla oro, cobre y conflictos judiciales a granel. Vecinos de Andalgalá llevan catorce años de lucha judicial logrando que la Cámara Federal de Casación Penal anulara el sobreseimiento de funcionarios acusados de incumplir la Ley de Glaciares. La frase «detrás de cada delito ambiental se esconde un funcionario corrupto» ya es un clásico pintado en banderas que flamean cada semana en las calles del oeste catamarqueño.
El Día de la Minería: lo que debería ser y lo que termina siendo en Catamarca
El Día de la Minería debería ser una celebración del progreso y la riqueza compartida pero en Catamarca se convierte en un recordatorio de las asignaturas pendientes más urgentes. Las multas millonarias, las imputaciones por corrupción y la resistencia social pintan un panorama que desaconseja los brindis y las selfies triunfalistas, salvo que el gobernador quiera posar con un vaso de agua contaminada. La provincia de Raúl Jalil tiene poco que festejar mientras los minerales se exportan, el ambiente se deteriora y las comunidades siguen reclamando su derecho elemental a un territorio limpio y soberano.
