La decisión sacudió la jornada del miércoles y generó fuertes repercusiones en el ámbito político y judicial. La polémica se desató luego de que el Gobierno nacional solicitara formalmente al Senado el retiro del pliego de María Verónica Michelli, familiar de un reconocido periodista que investiga a Manuel Adorni. Michelli había sido propuesta para ocupar una vacante en el Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata.
La orden de frenar el ascenso judicial, que el propio presidente Javier Milei había firmado a mediados de marzo, provino directamente de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. El veto tendría una raíz estrictamente política: Michelli es la cuñada del periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon.
Investigaciones y represalias políticas
El motivo detrás de la medida oficial estaría vinculado a las recientes investigaciones de Alconada Mon sobre figuras centrales de la gestión libertaria. Entre ellas, se destaca la denuncia sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Según la investigación periodística basada en datos financieros reservados, el funcionario presidencial y su esposa habrían acumulado consumos con tarjetas de crédito por más de 176 millones desde diciembre de 2023. Solo en lo que va de 2025, el gasto promedio mensual de la pareja fue de 7,1 millones, cifra que duplica el sueldo de funcionario.
Manejos en el Senado y el rol de la Comisión de Acuerdos
La postulación de Michelli ya contaba con las nueve firmas necesarias dentro de la Comisión de Acuerdos para ser votada en el recinto. Sin embargo, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, presidente de dicha comisión, se había negado a presentar el despacho en una maniobra calificada como contraria a los usos reglamentarios de la Cámara alta.
Finalmente, la nota formal para retirar la postulación llegó al Senado con las firmas de Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La «doble vara» en los ascensos judiciales
Mientras el Gobierno bloqueó a Michelli por su parentesco, habilitó de forma simultánea el avance de otros pliegos que estaban en duda. Se trata de los jueces Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, propuestos para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
Ambos magistrados recibieron inicialmente objeciones del Ejecutivo por sus vínculos con la cúpula de la AFA, encabezada por Claudio «Chiqui» Tapia. Sin embargo, tras negociaciones reservadas con el entorno de Patricia Bullrich y la conducción libertaria, el Gobierno levantó el veto y habilitó la convalidación de sus pliegos en la próxima sesión.
