A seis meses de haber asumido el poder, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lanzó una propuesta que promete cambiar el rumbo político y económico del país. Durante el “Gran encuentro nacional” en Cochabamba, el mandatario anunció que buscará una reforma parcial de la Constitución vigente desde 2009. Según Paz, esta modificación es necesaria para enfrentar la crisis económica actual y generar reglas de juego claras para los inversores.
El plan de Paz: inversiones y nuevas reglas del juego
El objetivo principal del Gobierno es flexibilizar el control estatal sobre los recursos naturales para permitir la llegada de capitales internacionales. El mandatario aseguró que la nueva comisión será abierta para que participen todos los sectores y regiones. “Lo que queremos son normas y reglas del juego que nos permitan desarrollar y generar un progreso para el país”, afirmó el presidente.
El proyecto cuenta con el respaldo de figuras como el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, quien calificó la reforma como “urgente” para poder “abrir la puerta” a los capitales que hoy solo entran por “rendijas”. Además de los cambios constitucionales, el Ejecutivo tiene listos proyectos de ley para sectores clave como hidrocarburos, minería, electricidad y economía verde.
Marcha y presión de la oposición en Bolivia
La propuesta oficialista encontró una resistencia inmediata en el ala dura del Movimiento al Socialismo liderada por Evo Morales. Los seguidores del exmandatario, agrupados en la organización “Evo Pueblo”, anunciaron el inicio de la “Marcha por la vida para salvar Bolivia”, que partirá este martes desde Caracollo con el objetivo de llegar a La Paz el 18 de mayo.
Morales cuestionó duramente las intenciones de Paz, asegurando que las nuevas leyes están enfocadas en la privatización de los recursos naturales y los servicios básicos. “Aquí ya no hay diferencia ideológica; para mí, es defender la canasta básica familiar”, remarcó el líder cocalero. El documento de los manifestantes sostiene que la movilización es una respuesta contundente a las “políticas neoliberales y privatizadoras” del Gobierno nacional.
Un país bloqueado y bajo presión social
El anuncio de la reforma constitucional se da en un contexto de alta conflictividad social. La Central Obrera Boliviana (COB) y diversos sindicatos campesinos mantienen protestas y bloqueos de caminos exigiendo un aumento salarial del 20% y el compromiso de que no se privatizarán las empresas estatales. Algunos sectores más radicales, como los campesinos del altiplano, han ido más allá y exigen la renuncia directa de Rodrigo Paz.
Por su parte, el presidente denunció que existe un intento de desestabilización contra su gestión. Paz alertó sobre un “sicariato” político que busca “generar una ruptura democrática” para evitar que se concreten las transformaciones profundas que su administración planea llevar adelante. Mientras tanto, el desabastecimiento de alimentos y combustible comienza a sentirse en varias regiones debido a los bloqueos que ya llevan más de trece días en puntos estratégicos del país.
