El Partido Justicialista (PJ) emitió un duro comunicado contra el gobierno de Javier Milei, en el cual manifiestan su «más enérgico rechazo» al proyecto del Poder Ejecutivo Nacional. Titulado «cínicamente» como «Ley contra el Fraude de las Pensiones por Invalidez».
«Esta iniciativa no representa un ajuste técnico ni una búsqueda de transparencia. Sino una ofensiva ideológica contra el corazón del sistema de protección social que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner construyeron», cuestiona el documento realizado por la Secretaría de Seguridad Social e Inclusión para las Personas con Discapacidad del PJ. Junto a referentes, organizaciones de la sociedad civil y militantes.
Comunicado de la Secretaría de Seguridad Social e Inclusión para las Personas con Discapacidad ??
— Partido Justicialista (@p_justicialista) May 5, 2026
LA DISCAPACIDAD NO ES UN FRAUDE
Es una realidad que exige un Estado presente, humano y protector. pic.twitter.com/EMCoPFqOVD
Los argumentos del PJ
Como pilar de este sistema, afirmaron que la Ley 27.793 (Emergencia Nacional en Discapacidad) constituyó un «hito» de orden público. Al establecer pisos básicos de protección bajo el principio de progresividad, consolidando la transición del viejo paradigma médico-laboral hacia el Modelo Social de la Discapacidad.
«Al garantizar la intangibilidad de las asignaciones y la compatibilidad con el empleo formal, esta norma grabó en el ADN de nuestro movimiento que la inclusión no es una cifra en una planilla de Excel. Sino un imperativo de justicia social. En ese mismo entramado normativo, la Ley 24.901 constituye la columna vertebral del sistema de apoyos en la Argentina», plantea.
En consonancia con lo anterior, el PJ remarcó que dicha Ley de Sistema de Prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad (24.901) garantiza un régimen integral de prestaciones en salud, educación, rehabilitación y cuidados. Organizado a partir de un nomenclador nacional que fija criterios, valores y estándares de atención.
«La modificación de este esquema, tal como se desprende del proyecto en cuestión, implica no solo un intento de fragmentar el sistema y desregular las prestaciones. Sino también de romper los acuerdos federales que sostienen su funcionamiento. Debilitando derechos adquiridos y generando mayor desigualdad territorial en el acceso a servicios esenciales», advierte.
«El proyecto del Gobierno constituye un acto de violencia institucional y simbólica»
No obstante, cuestionó que el actual proyecto del Gobierno (Ley contra el
Fraude de las Pensiones por Invalidez) pretende desmantelar estos avances mediante un «acto de violencia institucional y simbólica». Buscando instalar en la opinión pública una sospecha generalizada sobre las personas con discapacidad para legitimar el despojo.
«Hablar de ‘fraude’ en este contexto es una decisión política para criminalizar la vulnerabilidad y convertir al Estado en un perseguidor en lugar de un garante. El proyecto representa el retroceso más grave de la historia reciente al pretender que el Estado abandone su rol frente a las barreras sociales. Para volver a una mirada restrictiva y mercantilista, que reduce a la persona a un cuerpo ‘incapaz’ de producir», remarca.
Por último, el PJ también afirmó que este cambio no solo ignora la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sino que también pone en alerta a las provincias. «Al diluir la responsabilidad directa de la Nación, se trasladan costos que derivarán inevitablemente en una crisis sanitaria y social en cada territorio».
«Esta iniciativa no propone eficiencia, sino una crueldad que castiga el deseo de trabajar y fragiliza la vida de miles de familias. Como bien nos enseñó Cristina, no vienen por los nombres, vienen por los derechos conquistados. Por todo esto, nos urge defender la institucionalidad lograda, reafirmando que la discapacidad no es un fraude. Es una realidad que exige un Estado presente, humano y protector», concluye.
