(Por Diego Nofal).- La reciente solicitada publicada por sectores empresariales, comerciales y de servicios de Catamarca, titulada “Por el Desarrollo y Convivencia Pacífica”, no es una queja más del sector privado. Es el síntoma más visible de un problema que el gobernador Raúl Jalil se empeñó en minimizar durante años: la lucha antiminera no se extingue por decreto ni por desdén, y cuando se la ignora, termina cobrando factura en los eslabones más sensibles de la economía provincial.
El documento, que expresa la preocupación por los reiterados cortes de ruta en distintos puntos de la provincia, describe con precisión quirúrgica lo que sucede cuando la protesta deja de ser un grito en el desierto y se convierte en un bloqueo logístico. Los firmantes advierten sobre demoras en los abastecimientos, alteraciones en los procesos productivos, incrementos en los costos operativos y, sobre todo, una creciente falta de previsibilidad que puede espantar a los inversores que hoy miran a Catamarca como la nueva meca del litio y otros recursos estratégicos.
Un diálogo cerrado con candado oficial
Lo que la solicitada no dice —porque tal vez no le corresponde— es que esos cortes no son fenómenos meteorológicos ni accidentes viales: son la herramienta de lucha de comunidades que, una y otra vez, sintieron que las puertas del diálogo estaban cerradas con candado oficial.
La narrativa del gobierno provincial durante la gestión de Jalil fue clara: la minería es el camino inexorable al desarrollo, y quienes se oponen representan una minoría ruidosa pero irrelevante. Ese desprecio de escritorio tuvo su contracara más elocuente en el caso del proyecto Agua Rica, en Andalgalá.
Allí, la resistencia social logró lo que parecía imposible: torcerle el brazo a gigantes multinacionales y poner freno a un emprendimiento que contaba con todos los permisos sobre la mesa. No fue un triunfo efímero; fue una demostración de fuerza que dejó una lección que hoy se relee con preocupación en los despachos mineros: en Catamarca, la protesta organizada puede tumbar proyectos, por más blindaje político que tengan.
Esa misma capacidad de veto se está manifestando ahora de manera más capilar y sostenida. Los cortes de ruta, aunque en apariencia dispersos, conforman un mapa de conflictividad que ataca la arteria principal de la actividad extractiva: la logística. Cada hora de ruta interrumpida repercute en cronogramas de producción, encarece fletes, retrasa entregas y vuelve impredecible el entorno de negocios.
Las empresas lo saben, y por eso firman solicitadas pidiendo que se respete el derecho a transitar libremente, pero omiten un dato central: ese derecho ya había sido puesto en tensión cuando la protesta social no encontraba otro canal que la obstrucción física para hacerse oír.
La apuesta de Jalil que salió mal
El gobernador Jalil apostó a que el tiempo y el peso de las inversiones acallarían la disidencia. La realidad muestra lo contrario. El conflicto se territorializó, se volvió cotidiano y empezó a golpear no solo a las mineras sino a una red de proveedores, transportistas, comerciantes y trabajadores que ven peligrar su sustento.
La solicitada habla de “estabilidad, diálogo y condiciones que permitan garantizar seguridad jurídica”. Eso es exactamente lo que se debió construir desde el principio, en lugar de subestimar a quienes advertían que los megaproyectos sin licencia social terminan convirtiéndose en castillos de naipes.
El llamado al diálogo entre Estado, empresas, trabajadores y sociedad civil que cierra el documento es loable, pero llega tarde y con heridas abiertas. La convivencia pacífica no se impone con solicitadas ni con operativos de gendarmería: se teje reconociendo la legitimidad de los reclamos y ofreciendo canales reales de participación.
Por qué Andalgalá debería haber servido como espejo
La historia reciente de Andalgalá debería haber funcionado como un espejo incómodo. Hoy, esa imagen se multiplica en rutas cortadas, en inversores que dudan y en una provincia que, teniendo bajo suelo recursos que el mundo necesita, no logra encauzar el debate sin que el conflicto se coma las ganancias.
El desprecio tiene precio. Y en Catamarca, la lucha antiminera está mostrando que sabe cobrarlo, gota a gota, corte a corte, hasta que la cuenta sea imposible de ignorar.
