Tras la multitudinaria Marcha Federal Universitaria realizada en Plaza de Mayo y distintos puntos del país, el Gobierno nacional salió a minimizar el impacto político de la protesta y volvió a cuestionar el reclamo por mayor presupuesto para las universidades públicas. “La restricción presupuestaria sigue”, afirmó este miércoles el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario sostuvo que, más allá de la cantidad de manifestantes, la situación fiscal del país impide avanzar con nuevos aumentos presupuestarios. “Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, afirmó Álvarez.
En ese sentido, el funcionario insistió en que la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso tiene problemas de origen. “La ley nació muerta para mí, porque viola el primer principio que es el presupuestario”, señaló. Según explicó, la normativa no establece de dónde saldrían los recursos necesarios para financiar el incremento reclamado por las universidades.
Críticas a la movilización y a las universidades
Álvarez también cuestionó el carácter político de la marcha y aseguró que estuvo impulsada por sectores opositores al gobierno de Javier Milei. “La movilización fue organizada por los partidos opositores”, lanzó. Además, defendió la postura oficial respecto a la distribución de fondos y criticó el funcionamiento actual del sistema universitario.
“El sistema existe para generar graduados”, remarcó, y agregó que existe una “desvirtuación completa” porque parte importante del presupuesto se destina al “pago de salarios a las estructuras políticas”. El funcionario reiteró además que las decisiones sobre políticas públicas no dependen de las movilizaciones callejeras. “El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones las toman quienes representan democráticamente a la sociedad”, sostuvo.
Qué reclamaron en la Marcha Federal Universitaria
La movilización reunió a rectores, docentes, investigadores, estudiantes y sindicatos universitarios, que reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciaron un fuerte deterioro presupuestario desde la llegada de Milei al poder. Durante el acto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA) aseguraron que las partidas para funcionamiento “no han superado el 64% del poder adquisitivo que tenían en enero de 2023”.
En el documento leído durante la jornada, también acusaron al Gobierno nacional de “desprecio institucional” por no cumplir con una ley aprobada y ratificada por el Congreso. “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe es el contrato social”, advirtieron.
La marcha tuvo apoyo político y sindical
La protesta contó con el respaldo de la CGT, las dos CTA, sectores científicos y dirigentes políticos opositores. Entre los presentes estuvieron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, legisladores del peronismo y referentes de la izquierda. Los organizadores alertaron además sobre el impacto del ajuste en hospitales universitarios, salarios docentes y proyectos de investigación científica.
