(Por Diego Nofal) El peronismo atraviesa, una vez más, una de sus crisis cíclicas. Pero esta vez la disputa interna no se resuelve en los congresos partidarios, en los comités provinciales o en las urnas, sino en los despachos de los juzgados federales. En el centro de esa tormenta se encuentra una figura que parece haberse vuelto imprescindible para un sector del justicialismo: la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría. Su nombre aparece, de manera recurrente, cada vez que un grupo de dirigentes, que tendría a Sergio Massa como estratega, necesita una intervención quirúrgica para reconfigurar el mapa de poder dentro del Partido Justicialista para evitar las elecciones internas en Salta. La última secuencia de hechos en Salta y Jujuy así lo demuestra y abre un interrogante que excede lo partidario: ¿puede la Justicia disponer del destino de los partidos políticos como si se tratara de una herramienta más de la lucha interna?
La respuesta, a juzgar por lo ocurrido en las últimas semanas, es inquietante. En Jujuy, el juez federal Esteban Eduardo Hansen declaró nula la intervención que pesaba sobre el PJ provincial desde 2023, desplazó a los interventores alineados con la conducción de Cristina Kirchner y designó al frente de la estructura a Ricardo Villada, un hombre de extrema confianza del gobernador salteño Gustavo Sáenz. El fallo no fue inocente: la propia senadora Carolina Moisés, aliada de Sáenz, había integrado la terna de candidatos a interventor que analizó el magistrado. La decisión fue recibida como un triunfo por el peronismo federal y como una afrenta por el kirchnerismo, que perdió el control de un distrito clave en el norte del país.
Pero la jugada más audaz se concretó en Salta. Allí, la propia jueza Servini de Cubría dispuso la intervención judicial del Partido Justicialista el viernes 15 de mayo, apenas cuatro días antes del Congreso nacional en el que el PJ iba a ratificar su cronograma de normalización y a extender la intervención partidaria por otros 180 días. La decisión fue un verdadero golpe de mano: la magistrada no solo desplazó a las autoridades partidarias, sino que designó como interventor a José Luis Napoleón Gambetta, un dirigente que proviene del radicalismo, que ocupó cargos en diversas administraciones provinciales y que hoy es un engranaje del armado político de Gustavo Sáenz.
El argumento formal del fallo fue que el PJ salteño atravesaba una sucesión de intervenciones “injustificadas o sempiternas” y que, por primera vez desde 1983, no había presentado candidatos propios en las elecciones provinciales de 2025. Sin embargo, el dato que desnuda la fragilidad de toda la construcción judicial es otro: la denuncia que dio origen a la causa fue presentada por Esteban Amat Lacroix, un dirigente que, según la documentación oficial enviada por los propios interventores partidarios, no registra matrícula alguna en el padrón del Partido Justicialista. Ni siquiera es afiliado. La Ley de Partidos Políticos es clara: la posibilidad de impugnar actos internos está reservada exclusivamente a quienes integran la organización. Si el denunciante nunca fue compañero afiliado, su demanda nunca debió prosperar. Estamos, por lo tanto, ante una intervención judicial que nació con un pecado original que la vicia de nulidad.
Este dato no es menor. Revela que el andamiaje jurídico que sostiene la intervención es un castillo de naipes que se desmorona ante la más elemental verificación registral. Pero, sobre todo, pone al descubierto que la Justicia no está actuando como un árbitro imparcial, sino como un actor político que toma partido en una disputa interna. Porque lo que está en juego no es la normalización institucional del peronismo salteño, sino el control del partido de cara a las elecciones de 2027. Y en esa pulseada, la jueza Servini de Cubría se ha convertido en la herramienta legal que un sector del justicialismo, con Sergio Massa como uno de sus principales referentes, está utilizando para quitarle el manejo del partido al kirchnerismo.
No es la primera vez que Servini ocupa ese rol. En 2018, la magistrada ya había intervenido el PJ nacional, desplazó a José Luis Gioja y puso al frente al sindicalista Luis Barrionuevo, un viejo enemigo interno de Cristina Kirchner. Ahora, en 2026, la historia se repite con otros nombres pero con la misma lógica: fallos que llegan en momentos políticos precisos, interventores que responden a determinados gobernadores y un patrón de reuniones entre magistrados y dirigentes que, como mínimo, siembra sospechas sobre la independencia del Poder Judicial.
Lo grave de todo esto es que la injerencia judicial está vaciando de contenido la democracia interna de los partidos políticos. En Salta, el PJ ya tenía fecha de normalización: el 25 de octubre estaban previstas las elecciones internas, y el Congreso del 19 de mayo iba a ratificar ese camino. La intervención judicial no vino a ordenar el caos, sino a impedir que el partido resolviera su propio destino. En lugar de permitir que los afiliados decidan quiénes serán sus autoridades, la Justicia impuso un interventor con claros vínculos políticos, desautorizando de hecho la conducción partidaria nacional y pisoteando la soberanía de los afiliados.
El riesgo de esta deriva es enorme. Si los partidos políticos pierden la capacidad de resolver sus diferencias internas a través de sus propias reglas y comienzan a depender de la voluntad de un juez para definir quién conduce y quién no, la democracia se resiente. La política se judicializa y la Justicia se politiza. El peronismo, que se jacta de ser el movimiento nacional que mejor expresa la voluntad popular, debería ser el primer interesado en preservar la autonomía de sus decisiones internas.
Pero, por lo visto, hay sectores del propio justicialismo que prefieren ganar en los tribunales lo que no están seguros de ganar en las urnas. Y para eso, la jueza Servini de Cubría parece ser la aliada perfecta. El Congreso partidario del 19 de mayo tiene la oportunidad de marcar la cancha, de poner la afiliación y la legalidad partidaria en el centro y de desenmascarar una intervención que nació torcida desde su origen mismo. Porque en política, lo que empieza mal, difícilmente termine bien. Y este proceso arrancó con la firma de quien, para el padrón, nunca existió como peronista. La verdad debe contarse entera, siempre.
