(Por Diego Nofal) – Raúl Jalil encontró por fin la receta mágica del progreso consiste en mirar un cerro milenario y ver solo un número de catastro minero. El gobernador de Catamarca ha decidido que cada vestigio arqueológico es un estorbo para el verdadero tesoro que late bajo tierra porque evidentemente no hay mejor política cultural que volar el pasado a cambio de regalías
En octubre de 2025 el gobierno de Catamarca otorgó la concesión del proyecto Sofía Gold a un empresario francés con antecedentes más que cuestionables entre ellos un operativo de la AFIP en Salta por desmontes ilegales donde se encontraron 85 trabajadores en condiciones de servidumbre incluido un menor de edad. El proyecto abarca más de 1100 hectáreas para extraer oro y cobre mediante exploración directa con informes ambientales que jamás llegaron a presentarse por lo que la opacidad fue absoluta desde su origen. La concesión avanzó sobre Fuerte Quemado y Las Mojarras sin consulta previa ni aviso a las comunidades a puro edicto publicado en el Boletín Oficial como quien clava un cartel de propiedad privada sobre un territorio que guarda siglos de historia.
En Fuerte Quemado y Las Mojarras la historia no se lee en los libros sino que se toca con las manos. Allí los Incas levantaron el Intiwatana ese preciso reloj solar donde cada 21 de junio el primer rayo del invierno se cuela por una ventana de piedra para anunciar una nueva cosecha. Toda una ceremonia cósmica que ahora podría ser interrumpida por el estruendo de una retroexcavadora porque la minería responsable de la que habla el gobernador parece tener cierta alergia a los sitios sagrados
Las comunidades originarias encendieron las alarmas y organizaron asambleas con la misma urgencia con que se defiende la vida misma mientras el gobierno repetía su libreto de desarrollo sostenible y participación ciudadana aunque la participación consistía en avisarles que sus tierras ya estaban concesionadas. El cacique Carlos Cruz de la comunidad Cerro Pintao lo resumió con claridad «rechazamos estos trabajos porque dañan a la Pachamama» pero desde los despachos oficiales esas palabras suenan a folklore molesto.
El argumento oficial es que la minería atenuará la falta de trabajo en otros sectores como si el desempleo justificara cualquier cosa incluso demoler el patrimonio arqueológico declarado monumento histórico nacional. Esa lógica implacable nos regala perlas como la famosa frase del gobernador no hay peor impacto ambiental que la pobreza un silogismo que equivale a decir curemos la pobreza generando un impacto ambiental del que nadie podrá escapar.
Mientras tanto las 1100 hectáreas del proyecto minero Sofía Gold fueron frenadas no por convicción ideológica, sino por el ruido que hicieron los vecinos cuando descubrieron que sus casas sus fincas y los sitios donde reposan sus ancestros figuraban en un catastro minero. La presión social logró lo que la conciencia patrimonial no había conseguido antes y eso obligó al gobernador a vestirse de protector cultural solo hasta que pasen las cámaras.
El editorial se completa con una advertencia final. La minería en Catamarca no se juega en un solo expediente sino en una trama de permisos ambientales y leyes provinciales que se reforman sigilosamente. Por eso conviene recordar que el verdadero progreso no se mide en toneladas de litio sino en la capacidad de una comunidad para conservar su memoria frente a quienes pretenden enterrarla bajo una montaña de escombros.
