El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Nacional) Rodolfo Aguiar cuestionó duramente la convocatoria del gobierno del presidente Javier Milei para renegociar convenios colectivos en el Estado, contemplada en la Ley de Reforma Laboral. Y la definió como un «chantaje» y una «extorsión» contra los trabajadores estatales.
«Estamos ante una presión o amenaza que tiene por finalidad obligarnos a los estatales a resignar derechos o beneficios contemplados en nuestros convenios colectivos. Mediante intimidación o violencia pretenden obligarnos a firmar la quita de nuestros derechos», afirmó Aguiar a través de una publicación en su cuenta en X.
ÚLTIMO MOMENTO!!
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 21, 2026
EL GOBIERNO AHORA CONVOCA A RENEGOCIAR CONVENIOS EN EL ESTADO!!
SE TRATA DE UN CHANTAJE Y UNA EXTORSIÓN!!
Estamos ante una PRESIÓN O AMENAZA que tiene por finalidad obligarnos a los estatales a resignar derechos o beneficios que se encuentran contemplados en… pic.twitter.com/64NqRSm5MA
ATE rechazó una negociación «bajo presión»
En consonancia con lo anterior, el dirigente sindical aclaró que los trabajadores estatales están dispuestos a discutir sus convenios colectivos. Aunque remarcó que debe tratarse de una negociación libre y voluntaria.
En ese sentido, sostuvo que el Estado busca obligarlos a negociar para profundizar políticas que calificó como «de destrucción de derechos y antisindicales».
«Tenemos que tener claro que con Milei aparece una particularidad en la Secretaría de Trabajo, ya que no actúa como moderadora de las negociaciones. Sino que se ha convertido en el brazo ejecutor del ajuste impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional», apuntó.
Aguiar vinculó la convocatoria con una «destrucción de derechos»
Por último, Aguiar profundizó sus cuestionamientos a la convocatoria oficial y advirtió que la renegociación de los convenios colectivos no puede analizarse de manera aislada. Según advirtió, la medida forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Gobierno nacional. Que, a su entender, apunta a avanzar sobre conquistas históricas de los trabajadores y a debilitar las garantías laborales vigentes en la administración pública.
«La única manera de entender esta renegociación es como parte de una política de destrucción de los derechos sociales. No tenemos que aceptarla», concluyó con firmeza.
