(Por Diego Nofal).- El anuncio formulado por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, respecto de un ambicioso plan para reducir la planta estatal merece ser examinado con lupa antes de celebrarlo como un gesto de responsabilidad fiscal. En la superficie, la iniciativa presentada como un proyecto de ley que busca facilitar el tránsito de agentes públicos hacia la actividad privada podría interpretarse como una modernización necesaria.
Sin embargo, una lectura atenta de las declaraciones oficiales revela una ingeniería que despierta más sospechas que certezas, porque detrás del anuncio de achicamiento del Estado se esconde, con toda probabilidad, un mecanismo para transferir recursos públicos a empresas privadas seleccionadas. El gobernador no propone un retiro voluntario, ni una racionalización genuina del gasto, sino una tercerización encubierta con fondos provinciales.
Así lo dejó entrever él mismo en una entrevista reciente, al precisar sin eufemismos: “Nosotros estamos enviando a la Legislatura la posibilidad de que le paguemos el 50 por ciento del sueldo a los empleos públicos que quieran ir directamente a trabajar al sector privado”. La frase, lejos de ser un descuido, constituye la confesión de parte más elocuente sobre la naturaleza de la maniobra.
La frase de Jalil que fue una confesión de lo que busca
El diseño del plan puede describirse con sencillez: el Estado provincial se compromete a garantizar la mitad del salario de aquellos empleados públicos que acepten mudarse a una empresa privada. La presentación oficial lo viste como un puente, un estímulo para que el trabajador no pierda su piso de ingresos mientras el sector privado lo absorbe.
Sin embargo, visto en su crudeza, el esquema implica que el fisco catamarqueño seguirá pagando una porción sustancial del sueldo, pero ahora el beneficiario directo no será el ciudadano a través de servicios públicos, sino el empleador privado, que reducirá artificialmente sus costos laborales a costa del presupuesto provincial.
No se trata de achicar el gasto, sino de cambiarle el destinatario con un disfraz de reasignación virtuosa. La pregunta inevitable es qué empresas estarán en condiciones de recibir ese beneficio estatal y bajo qué criterios se las seleccionará, interrogante que el oficialismo ha dejado peligrosamente sin respuesta.
El contexto minero que Jalil invoca como justificación termina de delinear el mapa de sus prioridades. Con una franqueza que debería alarmar, el mandatario explicó que “para que la gente tenga idea, sembrar soja o maíz requiere una inversión de un año, mientras que la minería requiere una inversión de 10 años, más 30 años más, entonces necesitamos la estabilidad de la economía”.
Acto seguido, agregó que para la Provincia “ha sido un beneficio que la economía esté estabilizada y también ha sido un beneficio el RIGI” y remató con una proyección que suena más a amenaza que a promesa: “cuando eso crezca, va a ir bajando el empleo público”. La cadena de razonamientos es transparente: la estabilidad macroeconómica y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones se celebran no por su impacto social difundido, sino como antesala de un goteo que, supuestamente, absorberá a los trabajadores que el Estado expulse.
El impacto de la megaminería y la llegada a los despachos oficiales
El problema es que ese goteo parece tener nombre y apellido, y se concentra en un puñado de actores corporativos vinculados a la megaminería, sector que históricamente ha contado con llegada directa a los despachos oficiales de Catamarca.
La maniobra, en los hechos, opera como un subsidio indirecto a la demanda de empleo privado, financiado con recursos de todos los catamarqueños. No es ocioso preguntarse si el plan incluye garantías de estabilidad para los trabajadores que migren, si las empresas receptoras deberán mantener los puestos por un plazo mínimo o si existe algún tipo de incompatibilidad para que firmas con vínculos políticos o familiares con el poder accedan al beneficio.
La ausencia de esos resguardos convierte el anuncio en una virtual habilitación para que empresarios amigos del gobierno puedan engrosar sus nóminas a mitad de precio, con la mitad restante cubierta por las arcas provinciales. Lo que se promociona como una modernización laboral puede convertirse, en cuestión de meses, en una formidable herramienta de clientelismo corporativo, donde el empleado público se transforma en moneda de cambio entre el poder político y los intereses privados más concentrados.
Llaman la atención, además, los malabares discursivos con los que el gobernador intenta conciliar su perfil de administrador ordenado con esta suerte de dispendio focalizado. Por un lado, Jalil se ufana de que Catamarca tiene una situación fiscal holgada, con una deuda pública que representa apenas el 3% del presupuesto, mientras “la Nación tiene un porcentaje mucho mayor”. Por otro, propone un esquema que, lejos de aliviar el gasto en personal, lo disfraza contablemente al mantenerse la erogación bajo el rótulo de incentivo.
La contradicción es flagrante: el mismo gobernador que intenta mostrarse como alumno ejemplar del equilibrio fiscal diseña un mecanismo que mantiene el gasto pero le cambia la etiqueta. Mientras exige comprensión ante la complejidad de la situación nacional y reclama que “hay que hacer viviendas, que hay que hacer caminos”, destina creatividad legislativa a financiar la nómina de empresas que, por su escala y rubro, difícilmente necesiten de la caridad estatal para ser competitivas.
La sociedad catamarqueña, ante una decisión que excede lo administrativo
La sociedad catamarqueña y sus representantes legislativos tienen ante sí una decisión que excede lo meramente administrativo. Aprobar un proyecto de esta naturaleza sin condicionamientos estrictos, sin un registro público de empresas beneficiarias y sin una auditoría independiente sobre la creación genuina de empleo privado sería convalidar un desvío de fondos públicos hacia un círculo previsible de favorecidos.
La genuina reducción del empleo estatal no se logra subsidiando a privados con el 50% del salario de agentes que migran, sino ordenando las cuentas, revisando designaciones innecesarias y fortaleciendo las capacidades del propio Estado para cumplir sus funciones indelegables.
Cada peso catamarqueño destinado a pagar medio sueldo en una minera o en una empresa constructora amiga es un peso que no va a salud, educación o a las rutas que, según el propio Jalil, hacen falta. La advertencia queda formulada: cuando un gobernador habla de reducir el Estado, conviene mirar con atención a quién le está entregando las llaves de la caja.
