El Frente Renovador presentó su propio proyecto de Ley para regular el lobby y otras cuestiones relevantes vinculadas a la integridad y la ética en la gestión pública, ante la Cámara de Diputados. La iniciativa contó con el apoyo de otros parlamentarios nacionales de Unión por la Patria.
Según dio cuenta la agencia Noticias Argentinas, el proyecto del diputado Sebastián Galmarini busca crear un «Sistema Nacional de Integridad y Ética Pública» para los tres poderes del Estado. En contraste con la iniciativa del Gobierno Nacional que se limita a regular las prácticas legítimas que ejercen intermediarios o empresas para influir en los procesos de tomas de decisiones públicas del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
El proyecto tiene como objetivo modernizar los mecanismos de prevención de la corrupción
Por su parte, el proyecto de Frente Renovador extiende el alcance también al Poder Judicial y al Ministerio Público. Y tiene como objetivo modernizar los mecanismos de prevención de la corrupción, fortalecer la transparencia y mejorar los estándares de integridad en la gestión pública.
También busca unificar la legislación y modernizar los procesos, los plazos, las funciones, los límites y todos los márgenes de actuación institucional. Además de reemplazar la lógica exclusivamente reactiva frente a los hechos de corrupción por un modelo preventivo. Basado en políticas públicas de integridad, mecanismos de detección temprana, transparencia activa y rendición de cuentas.
El proyecto establece que el nuevo sistema estará integrado por instituciones, procedimientos y herramientas destinadas a prevenir, detectar y sancionar irregularidades en el Sector Público Nacional. También crea un nuevo «Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Intereses». Orientado a prevenir conflictos de intereses y aumentar la transparencia de la función pública.
Las declaraciones deberán incluir información patrimonial detallada, antecedentes laborales, participaciones societarias, vínculos de interés y posibles incompatibilidades. Y serán de acceso público mediante plataformas digitales y formatos abiertos.
Otro de los ejes centrales es la regulación integral de los «conflictos de intereses», distinguiendo entre conflictos reales, potenciales y aparentes. Para cada caso se establecen obligaciones de abstención, mecanismos de transparencia adicionales y procedimientos específicos para evitar que intereses privados interfieran con la toma de decisiones públicas.
Busca prohibir la designación de familiares en organismos bajo la órbita de funcionarios nacionales
Asimismo, incorpora un capítulo específico de «antinepotismo», que prohíbe la designación o contratación de familiares en organismos bajo la órbita de funcionarios nacionales. Así como los esquemas de designaciones cruzadas entre distintas dependencias estatales.
Por último, prevé la nulidad de las designaciones realizadas en violación de estas disposiciones. Y contempla restricciones para el fenómeno de “puerta giratoria”. Imponiendo limitaciones a quienes abandonen cargos públicos para desempeñarse en empresas o actividades vinculadas con las áreas que regulaban o supervisaban desde el Estado.
