La Unión Cívica Radical (UCR) sumó hoy un nuevo capítulo a su crisis de representación interna. Un grupo de diputados y referentes partidarios formalizó una presentación ante la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, conducida por Martín Menem, con el propósito explícito de exigir que se revise la utilización de la denominación «Unión Cívica Radical» por parte del bloque parlamentario que en la actualidad preside la diputada mendocina Pamela Verasay.
Fundamentos del requerimiento institucional
De acuerdo con el documento presentado en formato de correspondencia oficial institucional, los firmantes sostienen que la bancada dirigida por Verasay no refleja el ideario doctrinario que rige el estatuto partidario original. En el texto, los peticionantes afirman que la solicitud se fundamenta en que la Cámara cuenta con diputados nacionales, y afiliados a la institución política, «que no se sienten representados por las posiciones políticas, legislativas e institucionales adoptadas por dicho bloque parlamentario».
Asimismo, los suscriptores enfatizan que tales posturas del bloque oficial «se apartan de los principios históricos, los valores democráticos y las tradiciones republicanas que caracterizaron a la Unión Cívica Radical desde sus orígenes». Por tales motivos, la carta argumenta que resulta indispensable preservar institucionalmente el nombre de la organización hasta tanto las instancias de conducción del propio partido diriman las disidencias internas de representatividad política.
«Entendemos que corresponde preservar institucionalmente la denominación ‘Unión Cívica Radical’ hasta tanto las autoridades partidarias competentes resuelvan las controversias existentes respecto de la representación política e institucional del radicalismo en el ámbito parlamentario», indica el tramo medular de la misiva remitida a la conducción de la Cámara.
El alcance de la impugnación parlamentaria
Según se desprende del cuerpo de la solicitud, «la presente solicitud no persigue limitar la libertad de organización de los bloques parlamentarios ni interferir en su funcionamiento interno». Por el contrario, los firmantes señalan que el fin prioritario consiste en «resguardar una identidad política centenaria que excede a cualquier conducción circunstancial y que forma parte del patrimonio histórico, democrático e institucional de la República Argentina».
Este planteo introduce un antecedente de conflicto administrativo en la Cámara de Diputados, en tanto obliga a la Presidencia del cuerpo a evaluar los límites de la denominación de los bloques cuando existe un cuestionamiento de legitimidad formal de los propios afiliados al partido político del que provienen.
La carta oficial cuenta con el aval y la firma de los legisladores y dirigentes de la fuerza partidaria Mariela Coletta, Pablo Juliano, Martín Lousteau, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán.
