Durante la semana, el Gobierno Nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) avanzaron con un acuerdo para actualizar los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, gastos de funcionamiento y becas. El acuerdo contó con el respaldo de los gremios universitarios; sin embargo, estos afirmaron que mantendrán sus demandas a la gestión de Javier Milei y ratificaron distintas medidas de fuerza que buscarán llevar a cabo.
La base del acuerdo firmado por ambos sectores incluye aumentos de 21,33% estipulado para julio y 3% en octubre para trabajadores docentes y no docentes. El acuerdo además contempla un compromiso por parte de la gestión estatal para evitar que los salarios universitarios, organizando reuniones paritarias trimestrales, incrementos en las becas Manuel Belgrano, $50.000 millones para el funcionamiento de hospitales universitarios y una actualización del 30% para el funcionamiento de las propias universidades.
Los gremios pusieron en duda el acuerdo
A pesar de esto, los gremios docentes pusieron en duda la propuesta, afirmando que el Gobierno Nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, la cual introduce aumentos superiores a los presentados. En este sentido, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) agradeció la convocatoria y la vocación de diálogo expresada, mas afirmaron que continuarán sosteniendo el reclamo por el cumplimiento de la Ley de financiamiento.
«La ley establece que tenemos que cobrar, en términos salariales, una actualización del 54% en un pago hasta octubre de 2025, cuando se sancionó. Acá nos están haciendo firmar un 21% sin retroactividad hasta llegar a ese 54%«, afirmaron desde Conadu Histórica. Por esto, Conadu anunció que postergará la firma del acuerdo hasta el jueves próximo, ya que el Congreso Nacional definirá la resolución durante su reunión.
¿Qué prevé el acuerdo con las universidades?
El acuerdo representaría una mejora respecto a la Ley de Financiamiento Universitario alternativa impulsada sin éxito por La Libertad Avanza en el Congreso. A través de la iniciativa, el oficialismo proponía otorgar una actualización de apenas el 12,3% a las universidades públicas tras el intento fallido de derogar la ley de financiamiento original aprobada en 2025.
Los fondos fueron a su vez aprobados por el Ministerio de Economía, que autorizó una partida de 800.000 millones de pesos para salarios docentes y no docentes y prometió mantener reuniones paritarias cada tres meses. Asimismo, estipula un gasto adicional de 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios y una actualización del 30% para los gastos de funcionamiento y del 50% para las becas Manuel Belgrano.
