El presidente Javier Milei publicará en los próximos días un decreto que cambiará las reglas para elegir a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Esta medida, redactada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tiene como objetivo principal cubrir con rapidez las dos vacantes que actualmente existen en el tribunal más importante del país.
Actualmente, la Corte funciona con solo tres de sus cinco miembros, tras las salidas de Elena Highton de Nolasco (2021) y Juan Carlos Maqueda (2024). Según fuentes oficiales, la intención es modernizar el sistema y evitar demoras innecesarias en los nombramientos.
Adiós a la participación ciudadana previa
El cambio más polémico de la reforma es la eliminación de la instancia de participación ciudadana en el ámbito del Poder Ejecutivo. Hasta ahora, el Decreto 222/03 establecía que, una vez propuesto un candidato, se abría un plazo de 15 días para que ciudadanos, ONG y colegios profesionales presentaran observaciones o impugnaciones.
Con el cambio, este paso administrativo desaparece. Desde la Casa Rosada argumentan que esta etapa genera una «duplicación administrativa», ya que los ciudadanos pueden volver a presentar impugnaciones más adelante, cuando el pliego llega al Senado de la Nación. De esta manera, el Presidente podrá elevar los nombres directamente a la Cámara Alta sin el filtro previo de la sociedad civil.
Fin de los requisitos de género y procedencia regional
La nueva normativa también modificará el histórico decreto de “autolimitación presidencial” dictado en 2003. El Gobierno eliminará las recomendaciones que exigían considerar diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional para nominar jueces. Con este cambio, el Poder Ejecutivo dejará de tener parámetros orientativos para definir la integración del máximo tribunal.
Esto significa que el Ejecutivo ya no tendrá la presión normativa de buscar un equilibrio geográfico o de representación femenina para integrar la Corte Suprema. Además, el Gobierno dejará de publicar los antecedentes de los postulantes en el Boletín Oficial y en diarios de circulación nacional. De esta manera, esa información solo quedaría disponible en la página web del Ministerio de Justicia.
Nuevos plazos y controles fiscales
A pesar de la quita de estos filtros ciudadanos, el proyecto busca fortalecer otros controles técnicos. Se establecerá un plazo estricto de cinco días para que los candidatos presenten sus declaraciones juradas patrimoniales. Asimismo, se fijará por primera vez un tiempo determinado para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) informe si el postulante está al día con sus obligaciones impositivas y previsionales.
Desde el oficialismo defienden la medida asegurando que busca «acotar plazos» en un Poder Judicial que tiene casi el 38% de sus cargos vacantes. Sin embargo, en distintos sectores de la justicia ha surgido la duda sobre si estas nuevas reglas permitirán garantizar la transparencia en la elección de los magistrados más poderosos del país.
