En un fallo unánime emitido el 26 de junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir de manera inmediata con la actualización de los salarios docentes, no docentes y las becas estudiantiles bajo los parámetros de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión del máximo tribunal desestima los recursos extraordinarios presentados por el Poder Ejecutivo, que buscaban suspender la aplicación de los artículos 5º y 6º de dicha norma, y pone fin a un proceso de dilación judicial que mantenía en vilo al sistema de educación superior.
Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), señaló que la resolución representa una «muy buena noticia» porque otorga «un montón de certezas en un momento muy difícil que está viviendo la universidad».
Impacto salarial y el fin de las dilaciones judiciales
La resolución judicial exige la aplicación del artículo 5º de la ley, que establece que los haberes deben actualizarse mensualmente según la inflación informada por el INDEC. Según los datos técnicos, mientras el Gobierno había otorgado un 21,3% de aumento para junio, el fallo obliga a sumar un 29% adicional para alcanzar una recomposición del 56% respecto a mayo de 2026.
Yacobitti enfatizó la urgencia de esta medida para retener al personal académico, afirmando que «nos toca cruzarnos con profesores que están decidiendo la continuidad o no en nuestras casas de estudio» y que este fallo «es algo muy importante para quienes van a tomar la decisión de si siguen o no estando en la universidad».
Respecto a la postura del Poder Ejecutivo tras el revés judicial, el vicerrector fue tajante al señalar que «el gobierno tiene que cumplir el fallo de la Corte y dejar firme la medida cautelar que otorgó la primera instancia». El dirigente universitario recordó que se trata de «una ley que lleva más de 251 días de la no aplicación«. Asimismo, la justicia ordena la actualización de las becas Progresar y Manuel Belgrano, las cuales deberían recibir un incremento del 95% para compensar el atraso acumulado desde finales de 2023.
Hacia una agenda de trabajo conjunto para 2025
Tras la ratificación de la Ley de Financiamiento, la conducción universitaria espera que el conflicto presupuestario ceda el paso a una instancia de planificación estratégica. Yacobitti manifestó que «el gobierno tiene que aprovechar esta oportunidad para dejar atrás el conflicto con las universidades y ponernos a generar una agenda de trabajo conjunto». En ese sentido, destacó que, a pesar del desfinanciamiento, la UBA ha avanzado en la reforma de más de 30 planes de estudio y la creación de nuevas tecnicaturas para el ciclo 2025.
