El Senado de la Nación espera avanzar el miércoles con el dictamen sobre el proyecto de Ley Hojarasca, la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para eliminar casi 60 leyes que el Gobierno Nacional considera «obsoletas«. El proyecto estipula la eliminación de leyes que la gestión libertaria cree «limitan las libertades de los ciudadanos» aprobadas durante los gobiernos militares y distintos gobiernos constitucionales durante el siglo XX.
La Ley Hojarasca ya cuenta con media sanción otorgada por la Cámara de Diputados y se debatirá el miércoles a partir de las 15 horas en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Agustín Coto y Nadia Marquez. Desde la Cámara Alta indicaron a la agencia Noticias Argentinas que el oficialismo buscará aprobar el proyecto sin modificaciones para sancionarlo definitivamente antes de fin de mes.
El oficialismo se adecuó al debate en Diputados
Originalmente, La Libertad Avanza tenía planeado incluir 63 leyes a derogar dentro de la iniciativa, sin embargo, terminó optando por eliminar 59. A estas se sumarían la derogación de varios artículos de otras tres legislaciones y dos decretos.
Uno de los marcos normativos figura la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales. Otra es la Ley 20.984, del Círculo de Legisladores de la Nación. El objetivo del Gobierno Nacional era eliminar el financiamiento estatal al mismo, mas el debate en comisiones en Diputados terminó excluyendo a la normativa.
¿Qué más busca eliminar?
La iniciativa de Sturzenegger incluye además eliminar la Ley 20.843, conocida como la «Ley Lobizón» o de padrinazgo presidencial; la 94, que prohíbe los azotes a una persona; la 21.895, que autoriza las emisiones de televisión en color; la 25.750 del año 2003 que establece que los medios de comunicación deberán pertenecer a empresas nacionales, limitando la participación de extranjeros hasta un máximo del 30% del capital accionario.
