Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, ambos de Coalición Cívica, presentaron una nueva denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas correspondientes a los periodos 2024 y 2025. Las denuncias llegaron luego de que Adorni reconociera «errores» en ambas declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción.
Tras meses de especulaciones sobre el patrimonio del ministro coordinador tras las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni presentó el pasado miércoles su declaración jurada, así como rectificaciones de documentos anteriores para sumar ahorros no declarados. En este sentido, distintos dirigentes opositores apuntaron contra el funcionario libertario por haber enviado información incorrecta al Congreso de la Nación en el marco de su primer informe de gestión.
Adorni acumula otra denuncia
Debido a esto, Frade y Ferraro afirmaron que Adorni «habría admitido omitir determinados activos previos a su ingreso al Estado, entre ellos criptomonedas y una herencia familiar en efectivo«. A esto se sumarían inconsistencias relativas a las propiedades a nombre de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
Para los que piden a la @ccari_ok y a @elisacarrio que denunciemos, como siempre lo hicimos. No le quitamos el cuerpo, a ningún gobierno. Ni antes, ni ahora. Acá está pic.twitter.com/X3QcFGGHaj
— Monica Frade (@MonicaFradeok) June 13, 2026
«Las declaraciones juradas son documentos públicos, por lo que cualquier ocultamiento deliberado puede constituir falsedad ideológica«, denunciaron los legisladores. En su presentación, Frade y Ferraro señalaron que Adorni atribuyó las irregularidades a «errores involuntarios» y a una falta de comprensión sobre el alcance de sus obligaciones como funcionario público.
Los argumentos de los legisladores
Asimismo, los referentes de Coalición Cívica destacaron que Adorni sostuvo durante varios meses su postura de que su patrimonio estaba correctamente declarado, para luego reconocer la existencia de bienes no registrados. Los legisladores consideraron que esta conducta afectó los mecanismos de control previstos por la Ley de Ética Pública, con una especial gravedad por el cargo que ocupa dentro del Poder Ejecutivo.
Luego de presentar la denuncia, Ferraro y Frade enfatizaron que esta no se superponía con la causa judicial en curso por presunto enriquecimiento ilícito, sino que busca determinar si existieron omisiones deliberadas en los documentos oficiales. Finalmente, los legisladores pidieron que se inicie una investigación penal y se apliquen las sanciones correspondientes en caso de corroborarse el incumplimiento.
