(Por Diego Nofal).- La sed no es un fenómeno natural en Catamarca: es una decisión política. Mientras comunidades enteras carecen de agua potable y la provincia lleva tres años en emergencia hídrica con restricciones de riego y problemas de acceso en centros urbanos, el gobernador Raúl Jalil respalda a la multinacional Río Tinto, heredera de Livent, acusada de secar el río Los Patos tras más de quince años de extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto.
En marzo pasado, la Suprema Corte catamarqueña suspendió un amparo que frenaba la explotación en esa zona. El recurso había sido presentado por Román Guitián, cacique de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano, luego de constatar que el cauce se había secado.
La decisión judicial no solo dejó sin herramienta a los pobladores, sino que habilitó al proyecto Fénix –hoy bajo control de Río Tinto– a seguir operando sin una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional y acumulativa, algo que las comunidades venían reclamando con participación del Consejo Federal de Ambiente.
Jalil permite que se extraigan 740 mil litros de agua por hora
Y ahí aparece Jalil: su gobierno no solo no acompañó a la comunidad, sino que sostiene el andamiaje normativo que permite a la minera extraer 740.000 litros de agua por hora, con el argumento empresarial de que “el agua vuelve al sistema por evaporación y precipitaciones”. Una falacia en un ecosistema árido de alta fragilidad, donde el agua no es un insumo productivo, sino la condición material de la vida cotidiana, el pastoreo y la continuidad comunitaria.
La defensa oficialista de la megaminería tiene dueños claros. Río Tinto –que absorbió a Livent– está manejada por los grandes fondos de inversión BlackRock y Vanguard Group, y posee un acuerdo de exclusividad con Tesla, la empresa de Elon Musk.
En marzo de 2025, delegados del dueño de la red social X visitaron el país para asegurarse un lugar privilegiado en la cadena de suministros. No es minería para el desarrollo local: es extracción para las cadenas globales de autos eléctricos. Mientras tanto, el agua que falta en las canillas de Antofagasta de la Sierra alimenta un negocio que ni siquiera tributa en la región.
Los números de la extranjerización lo confirman. En el departamento de Antofagasta de la Sierra, el registro oficial declara apenas un 0,12% de tierra rural en manos extranjeras (3.504 hectáreas). Pero esa cifra es un espejismo. Allí operan seis proyectos mineros y hay otros dieciséis en carpeta, entre ellos “Sal de la Vida” (Río Tinto) y “Hombre Muerto del Oeste” (la australiana Galan Litio, que ya ingresó al RIGI con 11.000 hectáreas).
Si se contabilizara la superficie real, el porcentaje sería mucho mayor. La subdeclaración no es un error técnico: es la estrategia para esquivar la ley de tierras que el gobierno de Milei quiere modificar, justamente para facilitar el control extranjero sobre los grandes cuerpos de agua.
Lo que hay detrás del ampuloso título de «inviolabilidad de la propiedad privada»
El proyecto oficial, bajo el ampuloso título de “inviolabilidad de la propiedad privada”, elimina las restricciones sobre tierras con acceso a cuerpos de agua y desvincula su protección del régimen general. En los hechos, el acceso y control del agua quedan cada vez más mediados por el mercado de tierras. Y las mineras lo saben: por eso impulsaron también los cambios a la ley de glaciares.
El gobernador Raúl Jalil mira para otro lado. No defiende a su pueblo. Defiende a los accionistas de BlackRock y Vanguard. Mientras las comunidades originarias se quedan sin agua potable, el litio se lleva líquido vital por millones de litros al día. La columna vertebral del discurso jalilista es la misma que impulsa la desregulación de la extranjerización: poner los recursos naturales al servicio de las corporaciones, no de la vida.
La Justicia catamarqueña avaló a la minera al suspender el amparo. El poder político, también. Pero la sed sigue siendo de los de siempre. Y esa sed tiene nombre y apellido: Raúl Jalil.
