S&P Global Ratings subió hoy la calificación crediticia a largo plazo de la Argentina que pasó de de ‘CCC+/C’ a ‘B-/B’. La agencia que evalúa el riesgo en diversos países del mundo destacó la gestión del equipo económico y el plan de Javier Milei. «El gobierno ha obtenido mayor acceso a liquidez para hacer frente a su deuda gracias a los continuos superávits fiscales y a la reducción de los desequilibrios económicos, incluida una menor inflación».
El gobierno salió a festejarlo en las redes sociales.
Perspectiva estable a largo plazo
El informe de S&P asignó una perspectiva «estable» a la Argentina. En términos prácticos, la agencia prevé que, a pesar de las previsibles tensiones políticas y cambiarias de los próximos meses, las políticas oficiales permitirán contener la volatilidad y sostener la desaceleración de la inflación, que proyectan en un promedio del 32% para 2026 (desde el 42% en 2025, y que se sitúe en torno al 9% en 2029).
La calificadora expresó su expectativa de que el gobierno mantenga su «programa de austeridad fiscal, mientras el Banco Central incrementa sus reservas de divisas, lo que permitirá sostener el crecimiento económico y reducir la inflación».
Sin embargo, la calificadora advirtió que la nota podría sufrir una rebaja en los próximos 12 meses si se revierte el progreso reciente en la estabilización de la economía o si el Estado pierde el acceso al financiamiento de los mercados. Por el contrario, un escenario alcista que permita elevar la calificación en los próximos dos años dependerá de una mayor certeza política a largo plazo, la consolidación del ancla fiscal y una gestión hábil del tipo de cambio.
El rol clave del sector energético y las reformas estructurales
Uno de los pilares más sólidos que destaca el informe para justificar la mejora en la capacidad de pago del país es el extraordinario desempeño del sector energético. De la mano del desarrollo de Vaca Muerta, la agencia estima que el sector podría generar un superávit comercial de aproximadamente US$ 10.000 millones este año.
S&P remarcó que las reformas legislativas aprobadas por la administración, como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las modificaciones laborales y mineras, crean condiciones favorables para la llegada de capitales y la formalización de la economía.
