(Por Diego Nofal).- La reactivación de la Mina la Alumbrera bajo el control exclusivo del gigante suizo Glencore marca un nuevo y riesgoso capítulo para el norte argentino, una decisión que el gobernador de Catamarca defendió como un éxito rotundo de su gestión. Sin embargo, mientras la administración de Raúl Jalil celebra la llegada de inversiones millonarias a la provincia, un manto de silencio parece cubrir el oscuro historial delictivo global de la nueva dueña del yacimiento de cobre y oro.
Lo que omite la versión oficial es que el germen de Glencore se gestó con Marc Rich, un financista que se fugó de Estados Unidos en 1983 tras ser acusado de evadir cincuenta millones de dólares en impuestos. Rich negoció con petróleo iraní durante la crisis de los rehenes en abierto desafío a las leyes norteamericanas, un hecho que lo convirtió en un prófugo de la justicia internacional durante casi dos décadas.
Desde Suiza continuó tejiendo su imperio de materias primas, adquiriendo en 1990 la empresa Südelektra, que mediante sucesivas reestructuraciones corporativas y una compleja ingeniería financiera sería rebautizada como Xstrata. En 1994 vendió esa compañía y los nuevos dueños decidieron borrar el nombre del padre prófugo para denominarla Glencore, justo a tiempo antes de que en 2001 Bill Clinton le otorgara un polémico indulto presidencial. Aquel último día de mandato quedó manchado por las sospechas, ya que una investigación reveló donaciones millonarias de la esposa de Rich a la biblioteca Clinton y a la campaña senatorial de Hillary.
La expansión de Glencore no se sostuvo únicamente en la astucia comercial, sino en un aparato sistemático de sobornos que estalló en 2022 cuando la empresa se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por manipulación de mercado. La trama, que operó al menos entre 2007 y 2018, implicó el pago de más de cien millones de dólares en coimas a funcionarios de Nigeria, Venezuela, Brasil y la República Democrática del Congo para acceder a contratos petroleros y mineros. Según reveló la investigación, los ejecutivos simulaban consultorías falsas y pagaban facturas infladas para ocultar el desvío de fondos y así consolidar su presencia en los mercados más opacos del planeta.
El fiscal Damian Williams fue lapidario al declarar que la compañía sobornó a los jueces para hacer desaparecer las demandas, pagando dinero para ganar cientos de millones con el aliento de sus más altos directivos. Ese mismo año un tribunal británico condenó a la empresa por una trama similar en África, y el juez Peter Fraser calificó esas prácticas como una corrupción corporativa a gran escala sin precedentes, según documentó la BBC en aquel momento.
El cerco judicial se cerró aún más en 2024, cuando la Fiscalía General de Suiza declaró culpable a Glencore por su organización inadecuada que no impidió el pago de sobornos en el Congo. A raíz de la denuncia de Public Eye y los Paradise Papers, la empresa evitó el juicio pagando una multa y eludiendo exponer cómo adquirió minas de cobalto y cobre a precios inferiores a su valor real.
A pesar de este prontuario global que detalla el cohecho sistemático como modelo de negocios, el gobernador Raúl Jalil extendió la alfombra roja a estos nuevos operadores sin que se conocieran objeciones éticas de fondo por parte de su administración. La habilitación para explotar un recurso estratégico como La Alumbrera resulta una contradicción peligrosa, porque se entrega el control del cobre y el oro a una corporación que admitió haber corrompido magistrados y gobiernos enteros.
Jalil legitima a Glencore en la Mina La Alumbrera con el visto bueno político
Resulta ingenuo pensar que un entramado global de coimas no tiene implicancias locales, ya que la falta de escrúpulos para evadir impuestos o adulterar facturas debería encender las alarmas en los organismos de control de Catamarca y la región. Al legitimar a Glencore con la firma de acuerdos y el visto bueno político, Raúl Jalil carga sobre sus espaldas la responsabilidad histórica de exponer a la provincia a un socio que ha hecho de la corrupción corporativa su herramienta de gestión más efectiva.
La reactivación minera no puede construirse sobre un pacto que ignora el pasado, puesto que una empresa que sobornó para destruir demandas judiciales jamás debería ser admitida como un actor confiable en el desarrollo sostenible de los Andes. La sociedad salteña y catamarqueña merecen saber que detrás de la promesa de regalías y empleo se esconde un legado de fugas, indultos y condenas internacionales que el silencio oficial del gobernador Jalil intenta tapar con urgencia electoral.
