La diputada provincial Mayra Mendoza se pronunció este miércoles tras la presentación de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Mendoza analizó el impacto institucional de la causa Vialidad y denunció la vulneración de garantías fundamentales en el proceso que derivó en la condena de la expresidente.
Mendoza sostuvo que la situación procesal de la expresidente trasciende lo individual y afecta el sistema democrático en su conjunto. Al respecto, afirmó que «cuando se vulneran las garantías de una persona, también se pone en juego la calidad de nuestra democracia». Además, puntualizó: «No solo hay una dirigenta proscripta, sino todo un programa de gobierno: el que defiende al pueblo argentino».

La «proscripción» de CFK
Mayra Mendoza apoya la defensa de Cristina Kirchner, que presentó una comunicación individual ante el organismo internacional para denunciar graves irregularidades en la causa que le impuso una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Mendoza enfatizó que la denuncia ante la ONU incluye el reclamo por la violación de derechos políticos y la falta de garantías para un juicio justo.
La referente señaló que «defender el derecho a una defensa justa, a jueces imparciales y a elegir y ser elegidos no es defender a una sola persona». En sus palabras, el objetivo de esta postura política es el resguardo de las «reglas básicas de la democracia» y la búsqueda de una reparación que permita al “pueblo argentino recuperar su dignidad perdida”. Esta lectura se contrapone a la versión del Gobierno nacional, que a través del canciller Pablo Quirno, sostuvo que las presentaciones son libres pero que la condena argentina debe cumplirse.
El sistema internacional como última instancia
La internacionalización de la causa se formalizó mediante la incorporación de los abogados Javier Borrego (España) y Rafael Valim (Brasil) al equipo liderado por Carlos Beraldi. Mendoza destacó que, tras el rechazo de los recursos en la Corte Suprema de Justicia argentina hace un año, el caso alcanzó finalmente el sistema internacional de protección de los derechos humanos.
La presentación ante el Comité de la ONU busca que se evalúe la actuación de fiscales y jueces argentinos bajo el escrutinio de principios universales de independencia judicial. Mientras, la defensa solicita medidas cautelares para suspender la inhabilitación política y poder competir en 2027. Sin embargo, diversos analistas políticos sostienen que eso no sería posible porque las causas Hotesur – Los Sauces y Cuadernos siguen en curso y solo la Corte Interamericana podría incidir en la justicia argentina.

